Propone diputado Fausto Zamorano reconocer derechos laborales a repartidores de comida y artículos
La Ley Federal debe de regular los servicios de entrega y repartos de bienes que realizan empresas como Uber Eats, Rappi y Didi Food, entre otras.
El objetivo principal es otorgar seguridad social a los repartidores, reconociendo su condición de trabajadores, y estableciendo mecanismos de regulación, fiscalización, cooperación y responsabilidad compartida, entre el Estado, las compañías y los propios trabajadores.
El diputado del PRI Fausto Zamorano Esparza presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Iniciativa para crear la Ley que Regula los Servicios de Entrega y Reparto de Bienes, cuyo destino final se pretende sea el Congreso de la Unión, toda vez que se trata de una legislación federal.
En el documento, Zamorano Esparza expone que la ley tiene por objeto regular la prestación de servicios de entrega y reparto de bienes mediante el uso de plataformas digitales, vehículos motorizados o no motorizados, o cualquier otro medio, con el fin de garantizar la seguridad social, los derechos laborales y la protección al consumidor de los prestadores de dicho servicio y de los usuarios.
Por ejemplo, se establece que los trabajadores deberán respetar los derechos y las expectativas de los usuarios, brindando un servicio de calidad, eficiencia, cortesía y honestidad, y entregando los bienes en el tiempo, forma y lugar acordados. También cuidarán y mantendrán en buen estado el vehículo y los equipos que utilice para la prestación del servicio, así como contar con la documentación, los permisos, licencia, y las medidas de seguridad necesarios.
De la misma manera se establece la obligación para los trabajadores de responder por los daños y perjuicios que cause a los bienes, a los usuarios, a terceros o al medio ambiente, por su negligencia, imprudencia o dolo.
El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México señaló que la legislación no solo contribuiría a mejorar la situación de los repartidores, sino que también implicarían un reconocimiento de su aporte a la economía, la movilidad y la alimentación de la población, así como un avance en la regulación de las plataformas digitales, que actualmente se benefician de la externalización de los costos laborales y sociales de su actividad.
En su argumentación, expuso que existe en México un amplio sector de la población excluido de la seguridad social, debido a la informalidad, la precarización y la flexibilización del mercado laboral, que se han acentuado con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Entre estos grupos vulnerables, añade, se encuentran los repartidores de plataformas digitales, que prestan servicios de entrega de alimentos, productos o documentos, a través de aplicaciones móviles, como Uber Eats, Rappi, Didi Food, entre otras.
Mencionó que los repartidores de plataformas digitales se enfrentan a múltiples desafíos y riesgos en el ejercicio de su actividad, como la exposición a accidentes de tránsito, robos, agresiones, enfermedades, condiciones climáticas adversas, jornadas extenuantes, bajos ingresos, falta de protección laboral, sindical y social, y dependencia de las reglas y algoritmos de las empresas intermediarias, que los consideran como trabajadores independientes o socios, y no como empleados o subordinados.
Señaló que estos repartidores realizan una actividad económica que les genera ingresos, pero que también les expone a riesgos laborales, sociales y sanitarios, sin contar con una protección adecuada por parte de las empresas que los contratan. Estos trabajadores, que suelen ser jóvenes, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad, se encuentran en una situación de precariedad, informalidad e incertidumbre, que afecta su calidad de vida, su salud y su bienestar, apuntó.
Por estas razones, argumentó, es necesario y urgente reformar el marco legal vigente, para otorgarle seguridad social a los repartidores de plataformas digitales reconociendo su condición de trabajadores, y estableciendo mecanismos de regulación, fiscalización, cooperación y responsabilidad compartida, entre el Estado, las empresas y los propios repartidores, que garanticen el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y trabajo, y a fortalecer el sistema de seguridad social y el bienestar colectivo.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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