Investigar esterilizaciones ilegales de mujeres migrantes

Ser migrantes jamás debe ser un delito y mucho menos la puerta de entrada a que se nos cosifique y que alguien se sienta con él derecho de tocarnos y mutilar nuestros cuerpos

La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja, para que investiguen e intervengan inmediatamente en las posibles violaciones a los derechos reproductivos y sexuales en los centros de detención en los Estados Unidos, por las probables esterilizaciones e histerectomías realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en contra de mujeres en situación de migración irregular.

Señala que el aumento significativo de la migración irregular ha llevado a que Estados Unidos la categoricen de ilegal e incluso incurran en prácticas que atentan gravemente en contra de los Derechos Humanos y el abuso en contra de mujeres migrantes.

“Ellas, mujeres adultas, jóvenes, niñas y madres que parten de su lugar de origen para encontrar una vida mejor, huyendo de la violencia y la pobreza son por quienes con mayor razón tenemos que levantar la voz y exigir que el Estado proteja sus derechos fundamentales incluso aún y cuando se encuentren en otro país. Por ejemplo, las mujeres que migran a Estados Unidos”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios advierte que la criminalización que se le da a la migración irregular ha hecho que a las personas se les detenga y se atente en contra su dignidad con prácticas ilegales y contrarias al derecho internacional humanitario en las que, de acuerdo con diferentes medios de comunicación, las mujeres son esterilizadas de manera forzada por parte de los médicos adscritos al ICE.

“Las mujeres hoy nos reivindicamos en el espacio público y privado, miles de nosotras tenemos metas, sueños y anhelos por cumplir, y es precisamente por ello que migramos, por ello nos desplazamos, por buscar mejores vidas para nosotras y nuestra familia” señala la senadora.

Y afirma que “ser migrantes jamás debe ser un delito y mucho menos la puerta de entrada a que se nos cosifique y que alguien se sienta con él derecho de tocarnos y mutilar nuestros cuerpos, porque esa es la realidad de las miles de mujeres que se encuentran a su suerte en una jaula, en los centros de detención para migrantes en el país vecino”.

Por ello, la legisladora Caraveo Camarena, pide que se salvaguarde la Convención Belem Do Para, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los derechos reproductivos de todas las mujeres: ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción; estar libre de discriminación, presión o violencia en la vida y decisiones sexuales; contar con acceso a educación sexual (y afectiva) desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada; tener acceso a servicios médicos dignos.

Además de la violencia contra las mujeres, la violencia obstétrica ejercida por profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos se manifiesta con malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas y golpes; negación o rechazo a los servicios, el abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, entre otras formas de discriminación y desvalorización del embarazo y parto.

Bartha Caraveo afirma que esta violencia no puede ser tolerada ni permitida por los países vecinos ni por ningún Estado que alegue seguridad nacional, cuando la seguridad humana de las personas en contexto de migración se ven mermados, y los proyectos de vida se pueden ver alterados al forzar intervenciones quirúrgicas que no tiene ningún fundamento médico real.

La senadora concluye pidiendo el acompañamiento de las autoridades mexicanas para las compatriotas en esta situación, con la finalidad de que los consulados sean verdaderos centros de defensa en pro de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, pues cualquier afectación a sus cuerpos y a sus derechos va “en contra de todas nosotras y de la conciencia pública democrática” además de que los órganos regionales e internacionales conozcan sobre los casos de mutilación quirúrgica que se dan a kilómetros de nuestras fronteras”.