VOX POPULI

LOBO NEGRO

México continúa siendo uno de los países con más agresiones documentadas contra periodistas, llevadas al cabo por altos funcionarios, los carteles de la droga y políticos que se ven afectados en sus intereses económicos y políticos, de acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales.

Supuestamente en México, la libertad de expresión es protegido por la Constitución Mexicana, la cual aborda los conceptos relativos a ello en los artículos 6 y 7, pero ésta demostrado que para los políticos de Morena, no existen leyes, porque tienen el suficiente poder para violarlas y cambiarlas a su intereses económicos y políticos.Pero, diversas organizaciones han reportado múltiples denuncias de amenazas, demandas judiciales y hostigamiento hacia comunicadores., y las primeras censuras se registraron en Campeche, cinco periódicos dejaron de circular en los últimos años, lo cual ha sido vinculado con presiones indirectas.

Persisten alertas sobre el uso de reformas legislativas con posibles efectos disuasivos en el ejercicio del periodismo, y como ejemplo está una resolución judicial dictada el 28 de julio que confirmó un fallo contra el diario Tribuna de Campeche en el que se le ordena entregar nombre y datos del responsable de las redes sociales del medio para someter sus publicaciones a la medida cautelar de censura judicial antes de que sean difundidas.

Lo anterior obedece dentro del proceso por la denuncia penal presentada por la gobernadora Layda Sansores contra el comunicador y el medio por presunta incitación al odio en su agravio.

No respetan la Constitución Política de México que señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Supuestamente la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

La prensa continúa pagando el precio de investigar y comunicar la verdad. Durante 2024, se documentó un total de 639 agresiones contra periodistas, un incremento del 13.9% respecto al año anterior.