Violencia, hostigan y criminalizan a personas defensoras de derechos humanos en esta zona del país.

Organizaciones de la Región Sureste de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” denuncian la permanencia e intensificación de la grave situación de violencia, hostigamiento y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en esta zona del país.

Esta realidad se desarrolla en un contexto donde el discurso oficial de “pacificación” contrasta profundamente con lo que ocurre en los territorios.

Durante 2025, El Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas documentó en su III Informe 124 agresiones contra personas defensoras, lo que representa un incremento del 25% respecto al informe del año anterior.

Estos datos confirman que, lejos de consolidarse condiciones de seguridad, defender derechos humanos en esta región del país continúa siendo una actividad de alto riesgo.

Sin embargo, más allá de las cifras, son los hechos concretos los que evidencian la profundidad de esta crisis en diferentes entidades:

En Tapachula, elCentro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova fue víctima de allanamientos y robo en sus oficinas, hechos que se repitieron 3 veces en un corto periodo ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

Esta reiteración no solo evidencia negligencia institucional, sino que coloca en riesgo la seguridad del equipo y la información relacionada a su labor, en un contexto de alta vulnerabilidad.

En la región Istmo-Costa, el caso de la defensora Poulette Celene Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, muestra la persistencia de agresiones directas contra quienes acompañan procesos comunitarios: amenazas, agresiones físicas y hostigamiento en su propio domicilio, en un contexto de riesgo que no ha sido atendido de manera efectiva por el Estado.

A estos hechos se suma el allanamiento a la vivienda de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ocurrido pese a contar con medidas cautelares internacionales.

Este tipo de agresiones constituyen mensajes de intimidación directa contra quienes encabezan procesos de defensa de derechos humanos, evidenciando la ausencia de garantías reales.

Asimismo, se han documentado procesos decriminalización contra colectivos que acompañan la búsqueda de personas desaparecidas, a través de difamación, intimidación y uso indebido del poder institucional.

Estas acciones revelan cómo las estructuras del Estado pueden ser utilizadas para desacreditar y obstaculizar la labor de defensa.

La situación es aún más alarmante en el caso de defensoras indígenas como Pascuala López López, mujer tsotsil que ha sido víctima de amenazas de muerte, ataques armados, desplazamiento forzado y violencia sistemática.

Su caso refleja las condiciones extremas que enfrentan quienes defienden el territorio y la vida, especialmente cuando se cruzan desigualdades estructurales de género, etnicidad y pobreza.

En este mismo contexto, las agresiones contra colectivas de búsqueda comoMadres en Resistencia Chiapas, quienes han sido golpeadas, amenazadas e intimidadas por fuerzas de seguridad durante manifestaciones, evidencian la falta de garantías incluso para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

El nivel de violencia alcanza su expresión más extrema en el asesinato de la joven buscadora Yerli Yaritza, de 18 años, quien fue privada de la vida mientras buscabaa su padre desaparecido. Su caso evidencia con crudeza que, en Chiapas, buscar a un ser querido puede costar la vida.

En Veracruz, durante 2025, se registraron al menos cuatro hechos graves de violencia contra personas defensoras, lo que refleja un contexto persistente de riesgo e impunidad.