Venta ilegal maltrato animales aumenta por acciones del gobierno de la CDMX

Dirigentes de organizaciones de comerciantes, abogados y médicos veterinarios advirtieron que las recientes acciones “animalistas” del Gobierno de la Ciudad de México pueden provocar un incremento en la venta ilegal y el maltrato de las especies, como consecuencia directa de políticas prohibicionistas, la improvisación administrativa de los funcionarios públicos, así como por operativos mal preparados.

Las organizaciones coincidieron en que el bienestar de las mascotas y animales de compañía es un objetivo legítimo y compartido, tal como lo ha expresado la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, rechazaron los mecanismos utilizados por funcionarios capitalinos, los cuales —lejos de proteger a los animales— han criminalizado a comerciantes formales que operan bajo esquemas legales y regulados, así como a los especialistas que los acompañan.

En declaración conjunta, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de los comerciantes; la doctora Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, calificaron como falsas las acusaciones de maltrato animal al interior de los mercados públicos.

Al interior de los mercados públicos, no se realiza la venta ilegal ni el maltrato animal. Por ejemplo, el cierre de la venta legal en el Mercado Sonora estuvo acompañado de acciones ilegales por parte de funcionarios de la Alcaldía Venustiano Carranza, enviados por la alcaldesa Evelyn Parra para presionar e intimidar a los comerciantes, denunció César Ríos, abogado especialista encargado de la defensa legal.

Precisó que ninguna clausura fue motivada por maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con los reglamentos vigentes y contaban con la asesoría de médicos veterinarios. “Las sanciones se aplicaron por supuestas faltas administrativas, mediante procedimientos irregulares y amenazas para inhibir la defensa de sus derechos”, afirmó.

Por su parte, Alberto Vargas Lucio señaló que, ante la negativa de las autoridades para dialogar, continuarán las acciones jurídicas para la legítima defensa de los derechos de los locatarios. Subrayó que la medida tomada en diciembre pasado, afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales de la Ciudad de México y de entidades como Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México, para quienes la crianza y comercialización de animales de consumo es una actividad económica fundamental y ellos, tenían al Mercado Sonora como punto de abastecimiento.

“Estas comunidades tendrán que ser escuchadas, porque se les ha negado el derecho de realizar una actividad que es parte de “sus usos y costumbres” que además de ser legal, da sustento a sus comunidades, ya que suministraban productos a restaurantes, fondas y negocios de comida”, remarcó.