Urgente prevenir combatir la tortura y los tratos degradantes. Ladrillero.

La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se encuentran universalmente proscritos a través de la ratificación universal de los diversos instrumentos internacionales que la prohíben.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” solicitó al gobierno mexicano a combatir y prevenir este delito de manera urgente.

José Antonio Lara Duque, abogado del colectivo, solicitó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecer el número de servidores públicos --y a través de qué instrumento se puede invocar-- que “certifiquen” tratos degradantes o tortura.

“Es oportuno ofrecerle a las víctimas —y sus familias— certeza para contrarrestar y castigar a quienes hacen uso de estas acciones ilegales, simplemente para “sacarle” una confesión a modo; delitos que, por cierto, violentan los derechos humanos”, explicó.

El abogado del colectivo afirmó que en las naciones más incipientes en la materia, ofrecen garantías a sus respectivas poblaciones a vivir libre de tortura, en un sin número de contextos, de manera particular contra las acciones que generan los propios agentes del Estado.

Lara Duque recordó que en el marco jurídico nacional existen incipientes indicadores que garantizan el derecho a ser libre de tortura, por ejemplo, “una versión destilada de los conceptos”; “tortura” o “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, que, por citar un ejemplo, la comisión que “defiende” los derechos humanos en la región mexiquense no investiga este delito, por esta “ambigüedad”.

“La inercia estadística impone que los indicadores tenderán a construirse con la información existente, en virtud del costo y dificultad de crear nueva información ad hoc. Las decisiones que median entre el fenómeno y la construcción de un indicador, pasan también por el objetivo explícito de crear conocimiento científico, mismo que no ocurre, lamentablemente, en el país”, dijo.

El Estado mexicano ha recibido diversos llamados sobre malos tratos y tortura que han consistido en golpes con la mano abierta, golpes y golpizas con los puños, rodillazos o puntapiés, así como golpes con armas de fuego.

En casos de personas privadas de la libertad, las víctimas refieren haber sido inmovilizadas o esposadas; uso prolongado de las esposas en diversas posiciones; amenazas; torsiones de extremidades superiores; o privación de agua o comida. Por mencionar algunos “malos tratos o tratos degradantes”.

“El abanico de atrocidades, que incluso ha constatado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en nuestro páis, son responsabilidad en buena parte de los agentes estatales, que incluyen a sus víctimas en violencia sexual en situaciones de conflicto armados; por ejemplo el caso de Atenco, vivido en el estado de México”, dijo.

Por eso, es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda por esta inacción de su administración, por una parte, la falta para combatir esta práctica, y por la otra, la inacción en administrar y garantizar diligencias pulcras e inmediatas para evitar que se cometan estos delitos.