Urge PT atención y reconocimiento de ludopatía como problema de salud Pu.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reconocer la ludopatía como una enfermedad de salud mental que genera un problema de salud pública y diseñar políticas públicas a fin de establecer acciones integrales de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación de la ludopatía y demás adicciones conductuales relacionadas con juegos de apuesta y azar.

Mediante una iniciativa presentada en la Comisión Permanente, las senadoras, Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, buscan adicionar un nuevo capítulo a la Ley General de Salud denominado “Programa Contra la Ludopatía”.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria busca incorporar definiciones sobre personas con ludopatía, personas jugadoras recreativas, detección temprana, prevención, tratamiento y recuperación, garantizando que las personas con estos signos tengan acceso a la atención necesaria para rehabilitarse en instituciones públicas de psicología y psiquiatría, que cuenten con personal médico capacitado, actualizado y humanitario.

Asimismo, establecen que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán coordinar un programa nacional que incluya campañas de información, educación sobre los efectos de las apuestas, atención psicológica y médica, así como protocolos de intervención en espacios físicos y plataformas digitales.

Las y el legislador del PT plantean además que las autoridades sanitarias canalicen a las personas detectadas con conductas problemáticas hacia servicios especializados, así como fortalecer la participación familiar y comunitaria, y desarrollar investigación para medir el impacto de la ludopatía y orientar mejores políticas públicas.

La expansión de las apuestas digitales ha transformado radicalmente la manera en

que las personas se relacionan con el dinero, la emoción y el riesgo. “Lo preocupante es que esta práctica puede evolucionar rápidamente hacia una conducta compulsiva que altera la estabilidad emocional y financiera de quienes la padecen”, advierten en el documento.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), el 4.3% de la población de entre 12 y 65 años participó en juegos de apuestas, con un 6.0% en hombres y un 2. 7% en mujeres.

La mayoría de las personas son jugadoras recreativas, pero el 6.3% cumplió criterios de juego problemático. En la población adolescente, el 6.9 por ciento participó en juegos de apuestas y el 7.0 por ciento presentó problemas relacionados con el juego, con una incidencia de 9.7 por ciento en hombres y 1.5 por ciento en mujeres.

En este sentido, los senadores del PT alertaron sobre la situación entre adolescentes que ya han tenido contacto con juegos de apuestas, de los cuales, una proporción importante presenta señales de comportamiento problemático, especialmente vulnerable para el desarrollo de conductas adictivas.

“Los datos de la ENCODAT 2025 reflejan con claridad que la ludopatía y los juegos de apuestas han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que requiere atención inmediata”, aseveraron.

Asimismo, reflejan que la ludopatía y los juegos de apuestas han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que requiere atención inmediata, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales facilitan el acceso permanente al juego.

El GPPT sostuvo que la ludopatía ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que afecta a miles de personas en México, especialmente adolescentes y jóvenes, por lo que es necesario reforzar la respuesta del Estado desde una perspectiva de salud mental y derechos humanos.

Finalmente, destacaron que su propuesta se plantea el reto de hacer frente a las consecuencias de la ludopatía para garantizar efectivamente el derecho humano a la salud a las personas con esta adicción.

Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.