Urge Evaluación educativa diferenciada, accesible inclusiva para menores de edad

A fin de impulsar políticas públicas que reconozcan la diversidad humana, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga propone adicionar un Artículo 97 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de evaluación educativa diferenciada, accesible e inclusiva para las niñas, los niños y adolescentes que cursan la primaria y secundaria.
La propuesta de la legisladora de MORENA fue dada a conocer este jueves por la Mesa Directiva del Congreso capitalino y turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, para su análisis y dictaminación.
La representante popular plantea en su documento que la evaluación escolar debe centrarse en los aprendizajes, conocimientos, habilidades y competencias que se pretenden valorar.
También que las escuelas deberán utilizar instrumentos y estrategias diversificados, cuando las características del alumnado así lo requieran.
En ese contexto, reconoce que las condiciones relacionadas con discapacidad, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otras necesidades de apoyo no podrán convertirse en criterios de calificación negativa.
Además, que la valoración de la conducta y participación de los estudiantes debe distinguirse de la medición de los aprendizajes académicos. La morenista señala que la finalidad de su iniciativa es establecer la obligación de valoración pedagógica individualizada, para que los instrumentos de evaluación respondan al aprendizaje que se pretende medir y a las necesidades concretas de cada educando.
Destaca que las evaluaciones escolares tradicionalmente utilizan exámenes escritos; establecen tiempos determinados para resolverlos; instrucciones sobre diferentes conductas, como permanecer sentado y guardar silencio; mantener la atención durante periodos prolongados, y responder de una manera específica.
Reconoce que, si bien estas medidas pueden ser adecuadas para ciertos aprendizajes y estudiantes, no necesariamente permiten conocer lo que ha aprendido cada alumno cuando existen condiciones que influyen en su atención, comunicación, procesamiento de información, movilidad, expresión oral o escrita y regulación de la conducta.
Explica que un alumno con TDAH puede comprender una operación matemática, explicar su procedimiento y llegar al resultado correcto, pero tener dificultades para estar inmóvil durante una prueba prolongada, mientras que un estudiante con discapacidad motriz, visual, auditiva o una condición específica del aprendizaje puede requerir ajustes en la presentación de las preguntas, tiempo disponible o forma de comunicar sus respuestas.
Ayala Zúñiga sostiene que, en esos casos, el problema no está en los conocimientos adquiridos, sino en la falta de correspondencia entre el instrumento de evaluación y las características del estudiante.
Por ello, asevera que la evaluación debe permitir identificar el aprendizaje y no convertir una forma particular de comportarse, escribir, comunicarse o permanecer sentado en una condición indispensable.
Para fundamentar su iniciativa, la congresista resalta datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2023, los cuales indican que casi ocho de cada 100 personas de entre dos y 17 años presentan dificultades de funcionamiento sugestivas de trastornos del neurodesarrollo.
El Artículo 97 Bis propuesta establece: “En los niveles de educación primaria y secundaria, las autoridades educativas y los planteles escolares, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar que los procesos de evaluación del aprendizaje sean inclusivos, accesibles, equitativos y acordes con las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los educandos.
Las evaluaciones deberán considerar los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos que correspondan a las necesidades individuales de las y los educandos”.

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