Urge armonizar acciones a favor de los derechos humanos que defienda al pueblo

El Estado mexicano debe homologar sus acciones de gobierno con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos a fin de evitar atropellos a la población mexicana, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

José Antonio Lara Duque, cofundador de este organismo, explicó que el Congreso de la Unión mexicano, de la mano de los Congresos locales y del Poder Judicial federal, deben construir una cultura que defienda al pueblo a través de ejes prioritarios de gobernanza.

A manera de ejemplo, el abogado explicó en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno organicen una red armonizada de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, que hoy se carece prácticamente en todo el territorio nacional.

Lamentó que la figura del “defensor del pueblo” -depositada constitucionalmente en las Comisiones de Derechos Humanos- se haya convertido en una “figura de ornato político” alejado de proteger y defender los derechos fundamentales y aproximándose demasiado a las esferas de poder político y económico”.

Necesitamos, sostuvo, una cultura que ayude desde sus propias facultades a mejorar la política pública de los gobiernos en nuestro país y sobre todo, que abone en la efectiva protección de los derechos fundamentales de toda la población.

Detalló algunos ejes rectores de acción prioritarias en materia de la defensa de las garantías individuales; tal y como lo perfilan autoridades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El abogado Lara Duque explicó que es una prioridad combatir la tortura y supervisar el Sistema Penitenciario nacional; atender las acciones para erradicar la violencia de género; supervisar los.derechos de las personas y pueblos indígenas; afianzar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Así como, fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales —a nivel municipal, estatal e internacional—, su dirección presupuestal y reestructuración interna.

Con estas acciones, el gobierno federal podrá garantizar el evitar atropellos sistemáticos a los derechos humanos, en casos fehacientes como el cautiverio de la defensora Kenia Inés Hernandez Montalván.

Activista que ha sido acusada de manera “irregular” por presuntos “ataques las vías generales de comunicación” como resultado de su resistencia pacífica a modelos de desarrollo neoliberales impuestos por el Estado mexicano.

O, por ejemplo, el doble atropello a los integrantes de la comunidad indígena Triqui, que mantienen una protesta en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en la capital del país, luego que ser desplazados de su natal Oaxaca por intereses de orden político.

“Las personas indígenas, entre ellas, mujeres, menores de edad, adultos mayores, llevan ocho meses acampando en la calle en la capital del país, debido a que el Estado mexicano no les ha garantizado derechos básicos como la justicia, vivienda digna, asociación política, salud, educación, empleo, entre otros muchos rubros más”, relató.

El Estado mexicano debe homologar sus acciones de gobierno con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos a fin de evitar atropellos a la población mexicana, así lo consideró el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

José Antonio Lara Duque, cofundador de este organismo, explicó que el Congreso de la Unión mexicano, de la mano de los Congresos locales y del Poder Judicial federal, deben construir una cultura que defienda al pueblo a través de ejes prioritarios de gobernanza.

A manera de ejemplo, el abogado explicó en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno organicen una red armonizada de peritos especializados para analizar y detectar el delito de tortura, que hoy se carece prácticamente en todo el territorio nacional.

Lamentó que la figura del “defensor del pueblo” -depositada constitucionalmente en las Comisiones de Derechos Humanos- se haya convertido en una “figura de ornato político” alejado de proteger y defender los derechos fundamentales y aproximándose demasiado a las esferas de poder político y económico”.

Necesitamos, sostuvo, una cultura que ayude desde sus propias facultades a mejorar la política pública de los gobiernos en nuestro país y sobre todo, que abone en la efectiva protección de los derechos fundamentales de toda la población.

Detalló algunos ejes rectores de acción prioritarias en materia de la defensa de las garantías individuales; tal y como lo perfilan autoridades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El abogado Lara Duque explicó que es una prioridad combatir la tortura y supervisar el Sistema Penitenciario nacional; atender las acciones para erradicar la violencia de género; supervisar los.derechos de las personas y pueblos indígenas; afianzar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Así como, fortalecer los mecanismos de colaboración entre las instancias que defienden las garantías individuales —a nivel municipal, estatal e internacional—, su dirección presupuestal y reestructuración interna.

Con estas acciones, el gobierno federal podrá garantizar el evitar atropellos sistemáticos a los derechos humanos, en casos fehacientes como el cautiverio de la defensora Kenia Inés Hernandez Montalván.

Activista que ha sido acusada de manera “irregular” por presuntos “ataques las vías generales de comunicación” como resultado de su resistencia pacífica a modelos de desarrollo neoliberales impuestos por el Estado mexicano.

O, por ejemplo, el doble atropello a los integrantes de la comunidad indígena Triqui, que mantienen una protesta en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes en la capital del país, luego que ser desplazados de su natal Oaxaca por intereses de orden político.

“Las personas indígenas, entre ellas, mujeres, menores de edad, adultos mayores, llevan ocho meses acampando en la calle en la capital del país, debido a que el Estado mexicano no les ha garantizado derechos básicos como la justicia, vivienda digna, asociación política, salud, educación, empleo, entre otros muchos rubros más”, relató.