UNAM cuenta tres especializaciones aprobadas por consejo universitario

ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ. ………………………

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó, por unanimidad, crear los planes y programas de estudio de las especializaciones en Prevención de Lavado de Dinero; Administración de Organizaciones de Asistencia Social; y Administración Cultural, con los grados académicos correspondientes.

Su objetivo es profundizar, actualizar y ampliar los conocimientos, destrezas y habilidades que requieren las y los profesionistas en ámbitos como prevención del lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita; planeación, organización, dirección y control de las actividades y funciones inherentes a las organizaciones de asistencia social; así como el diseño e implementación de productos, servicios, programas y estrategias culturales en distintos contextos organizacionales. Con su creación también se modificó el Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la Administración.

De acuerdo con el Proyecto de Modificación del Programa, los tres nuevos planes y programas de estudio se impartirán en el sistema escolarizado en la modalidad presencial. Su duración es de dos semestres en el caso de alumnas(os) de tiempo completo; y excepcionalmente, previa autorización del Consejo Técnico, de hasta tres semestres para quienes cursen sus estudios en tiempo parcial. Los planes consideran 48 créditos y la matrícula inicial de cada especialización es de 30 alumnas y/o alumnos.

Especialización en Prevención de Lavado de Dinero. Busca formar expertas y expertos con un perfil que permita contrarrestar y prevenir los efectos del lavado de capitales que, indistintamente, van aparejados a otras actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, corrupción y terrorismo, las cuales erosionan el tejido social y comprometen la seguridad a nivel global. Se estima que el impacto económico de este delito representa de dos a cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.

Estos profesionales desarrollarán e implementarán mecanismos para detectar y prevenir flujos financieros ilícitos, dificultando el financiamiento de actividades delictivas, y serán agentes clave en la promoción de una cultura de legalidad y ética. Al establecer altos estándares de integridad en las transacciones financieras, su trabajo tendrá un efecto positivo en la sociedad, influyendo en la conducta corporativa y ciudadana.

En nuestro país, por mandato de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las entidades que realizan actividades vulnerables requieren especialistas en Prevención de Lavado de Dinero para actuar como oficiales de cumplimiento.

Desde 2015 y hasta el momento, la validación de dicho perfil se realiza con la presentación de un examen que, acorde con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha resultado en la certificación de más de tres mil 600 personas y, en promedio, alrededor de dos mil sustentan el examen de certificación, pero solo de 20 a 30 por ciento obtienen resultados favorables.

Especialización en Administración de Organizaciones de Asistencia Social. Destaca el papel crucial de estas en la atención de problemáticas apremiantes como la hambruna, desigualdad, pobreza, discriminación, falta de acceso a servicios educativos, recreativos y de salud, al igual que deterioro ambiental, entre otros, y la importancia de la formación de especialistas capaces de gestionarlas a fin de contribuir al bienestar social.

Las y los egresados podrán implementar prácticas productivas y asistenciales innovadoras que atiendan las necesidades inmediatas, promuevan el desarrollo sostenible y la autonomía de las comunidades afectadas. Así, la especialización los convierte en instrumento clave para elevar el nivel y la calidad de vida de los grupos vulnerables. Además, se coadyuva al desarrollo integral de la población, creando un impacto positivo y duradero en el tejido social mexicano.

Según el portal de Transparencia Presupuestaria (SHCP), para el año 2023, la distribución del gasto para el desarrollo social representó 52.7 por ciento del presupuesto total. A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se consideró un apartado sobre política social, en el que se aclaró que, dentro de las estrategias políticas, la prioridad serían los grupos más pobres y vulnerables para que puedan desarrollarse, salir del rezago social, y que todas y todos los mexicanos vivan en un entorno de bienestar.

Se formará a especialistas capaces de gestionar y optimizar los recursos de organizaciones que atienden a poblaciones vulnerables, maximizando su impacto positivo en la sociedad. Podrán desempeñarse en los sectores público y social, instituciones de asistencia o desarrollo social dependientes del gobierno, o en organizaciones creadas por iniciativa social.

Especialización en Administración Cultural. Las personas egresadas contarán con conocimientos y habilidades que les permitan diseñar e implementar planes y estrategias culturales en organizaciones diversas, como administrar organizaciones culturales; planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y tareas que les correspondan, así como formular, implementar y evaluar planes, estrategias, políticas, productos y servicios culturales en organizaciones públicas y privadas.

Un estudio realizado en 2015 por EY, en colaboración con la ONU y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), reportó a nivel global que la cultura expresada a través de las actividades en las industrias culturales y creativas genera más del tres por ciento del PIB mundial y dan empleo a casi 30 millones de personas. En México se estima que el sector cultural contribuye con 3.2 por ciento del PIB y genera más de un millón de empleos.

La amplia gama de disciplinas que abarca va desde las artes tradicionales hasta las industrias creativas digitales. Además, las y los mexicanos dedican una parte significativa de sus ingresos a productos y servicios culturales, lo que subraya la importancia del sector en la vida cotidiana. También tiene un potencial de expansión y desarrollo, especialmente en áreas relacionadas con las nuevas tecnologías y la economía digital.

Reglamento del Tribunal Universitario. El pleno del Consejo Universitario también aprobó diversas modificaciones al Reglamento del Tribunal Universitario que dan certeza y protegen los derechos de la comunidad. Por ejemplo, en el artículo 1 se especifica con claridad que el Proceso Disciplinario en todo momento se conducirá respetando el principio de presunción de inocencia.

Además, que la Universidad reconoce en todo momento la libertad de expresión, manifestación y protesta como parte esencial de la convivencia universitaria. “La disciplina universitaria siempre debe buscar el ejercicio y la protección de los derechos de todas las personas integrantes de la comunidad”, señala.

El artículo 14 establece un plazo para la investigación de casos. Subraya que las entidades o dependencias contarán con hasta 20 días hábiles para ello, desde el momento en que inicie el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en la fracción I para garantizar procesos ágiles y claros.

El artículo 14 bis se relaciona con “Acuerdos conciliatorios”, en aquellos casos donde la investigación concluya que se presentaron conductas previstas en el artículo 95 del Estatuto General como causas especialmente graves de responsabilidad, y que no encuadran en las fracciones II, III, IV, V, VI y VIII del mismo; en esos casos, las autoridades de las entidades académicas podrán llevar a cabo acuerdos conciliatorios pudiendo solicitar el auxilio del personal del Tribunal.

“La celebración de los Acuerdos Conciliatorios dará por terminado el procedimiento disciplinario. En caso de no culminar el Acuerdo Conciliatorio, por cualquier motivo, o la persona autora de la conducta que dio motivo a este, incumpliera los términos del Acuerdo, el procedimiento disciplinario continuará su curso”, establece la norma.