Una vez más, la diputación migrante de la ciudad de México está en riesgo

La iniciativa presentada por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito en el Congreso de la Ciudad de México para modificar el mecanismo de asignación de la Diputación Migrante no debe pasar desapercibida.

Lo que hoy se discute no es un ajuste menor, sino la posibilidad de alterar una figura creada para que las y los capitalinos residentes en el extranjero tengan una voz propia en el Congreso local.

Más allá de sus aspectos técnicos, esta propuesta reabre una pregunta que la comunidad migrante ha tenido que plantear una y otra vez: ¿por qué, mientras nuestra participación aumenta, nuestros espacios de representación siguen siendo cuestionados?

La comunidad chilanga residente en el extranjero participa cada vez más. Crece el número de personas credencializadas, aumenta el interés por los procesos democráticos y se fortalece el vínculo con la Ciudad de México.

Sin embargo, los avances conquistados mediante años de organización comunitaria, liderazgos sociales, resoluciones judiciales y reformas legislativas continúan enfrentando intentos de reinterpretación que pueden debilitar su alcance original.

Durante años, la comunidad migrante ha sido convocada para votar, reconocida por sus aportaciones y celebrada en el discurso público. Pero cuando se trata de consolidar su representación política, siguen apareciendo propuestas que reducen, reinterpretan o condicionan derechos que ya costaron demasiado construir. Esa contradicción no puede seguir normalizándose.

La Ciudad de México ha sido referente nacional en el reconocimiento de los derechos políticos de las personas mexicanas residentes en el extranjero. Por ello resulta especialmente preocupante que hoy se discutan medidas que podrían representar un retroceso en una materia donde la capital ha sido ejemplo para el resto del país.

La Diputación Migrante no nació como una concesión simbólica. Fue creada para que las y los chilangos que viven fuera del país puedan tener representación propia en el Congreso de la Ciudad de México y participar, desde esa condición, en la vida pública de su ciudad.

Lo que está en juego no es una persona, un partido político o una candidatura.

Lo que está en juego es la esencia misma de la representación migrante: una voz propia, no una voz prestada.

Por ello, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México, y particularmente a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir la agenda legislativa, para que transparenten sus posiciones respecto a los derechos políticos de las personas mexicanas residentes en el extranjero.

La comunidad merece saber quién respalda estos derechos en los hechos y quién únicamente los respalda en el discurso.

Asimismo, exhortamos al Congreso de la Ciudad de México a abrir espacios de Parlamento Abierto que permitan escuchar a la comunidad migrante antes de tomar cualquier decisión sobre una figura que nació precisamente para representarla.

No estamos pidiendo privilegios. Estamos defendiendo derechos. La comunidad mexicana migrante no puede ser útil sólo para el discurso, las remesas o la coyuntura electoral. Si se le reconoce como parte de la Ciudad de México, también debe respetarse su derecho a una representación auténtica.

La representación de los migrantes mexicanos no puede construirse sin los migrantes mexicanos.