Un poder lacayo estatizado en la Oclocracia, sentido común irracional.

El repudio generalizado que ha influido en un pueblo que democráticamente fue engañado “por quien tú ya sabes”, constituye un retroceso en materia del Estado de Derecho que, sumado a la inconstitucionalidad que el Jefe del Ejecutivo federal está empecinado en masacrarlo, ha incurrido en la transformación de ver a un México caído en la desgracia, en el abismo que ha detonado en la ingobernabilidad, consolidándose paradójicamente la anarquía promovida con el estereotipo de un poder lacayo estatizado en la Oclocracia.

“¡Pa’ que lo entienda! —solo por hacer una cita descriptiva que las personas son criaturas complejas aparentemente dotadas de equilibrio y racionalidad—, en los actuales gobernantes procesan cotidianamente la inhibición del entusiasmo y la desesperanza de desarrollo que ha llevado al traste el devenir de millones de mexicanos, sellando los horizontes de todos los jóvenes.

En tanto que el filósofo Aristóteles advertía: “Cuanto más democrática se vuelva una democracia, más tiende a ser gobernada por la plebe, degenerando en Oclocracia”, para Ángel Ganivet, diplomático de alcurnia de lejanas tierras, en 1896 escribió: ‘’El sentido común es una constitución que rige con más eficacia que todas las constituciones’’.

Hoy —abundando en el contexto—, en cercanas tierras sabemos que al no existir sentido común, en muchos no existe una Constitución y por ende no existe eficacia en la aplicación de la ley.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, analiza que para poder entender o tratar de comprender el actuar de ciertos políticos de esta Cuarta Transformación de la Nación y su forma de pensar y ejercer los destinos de la Patria, tendremos necesariamente que adecuar la antepuesta reflexión y para ello, es indispensable hablar del valor intrínseco de la Ley.

Porque antes de imponer, someter, pisotear, deletrear, exponer, ejecutar o, incluso eludir la Ley, ésta gira en la profesión más sublime de la humanidad, que es la Abogacía como materia del Derecho. “La Ley, la Constitución, debe ser materia de estudio permanente de esos ciertos políticos; parte vital de su educación o formación como posibles Siervos de la Nación, para con ello poder gobernar con acierto a la Patria que dicen querer y respetar”, asevera el Ateneo del Derecho.

Con el objeto de tratar de ilustrar a esos desadaptados, iletrados y profanos, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México se ha propuesto referirles que “desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, absolutamente todos nuestros actuares están regidos, informados o sancionados por algo que los abogados conocemos como Derecho”.

Explica: “Concretemos el tema. Para gobernar, ordenar, hablar, decretar, dirigir, regir, administrar, mandar, presidir, regentear, timonear, sugerir, promulgar, proclamar, sancionar, acusar, señalar, disponer, codificar, resolver, legislar, dictar, estatuir, reglamentar, regular y unos larguísimos etcéteras de actos y situaciones, el Derecho está presente”.

Por lo anterior, cuestiona: “¿No debería a esos ciertos e identificados políticos enseñárseles o ilustrarlos de todo lo que el Derecho saben?”

Responde: “Todos, absolutamente todos los partidos políticos, deberían por obligación culturizar en Derecho a sus merolicos, para con ello hacerles saber algo sobre el orden jurídico, aunque sea en forma muy rudimentaria, al menos se crearía en ellos una conciencia de que, para estos o aquellos actos, existen leyes que los autorizan o prohíben y que obligan o permiten realizar actos de gobierno de una manera congruente. Con esa enseñanza se evitarían muchas erratas y desatinos que luego resultan ser políticamente insalvables”.

“Nuestro sistema jurídico Nacional se encuentra regido por un sagrado libro de leyes que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa Constitución no le permite a nadie, ni a políticos ni a gobernantes, actuar como en la actualidad proceden esos merolicos cantinflescos del poder. ¡Es cuanto!”, concluyó la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, que es presidida por el penalista Alberto Woolrich Ortiz.