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Un llamado a la acción e interlocución corresponsable en región P'urhépecha

11 jun
3 min de lectura

Los complejos acontecimientos de violencia que recientemente han afectado a la comunidades P’urhépecha —y que se suman a las situaciones de vulnerabilidad y alerta permanente en diversas localidades de la cañada de los once pueblos como Acachuen, en la sierra con Santa María Sevina y localidades de Nahuatzen, en Oponguio en el lago de Pátzcuaro y en Naranja de Tapia en la Ciénega de Zacapu — evidencian la urgencia de convocar a una reflexión profunda sobre las condiciones de seguridad humana en la región.

El panorama  de seguridad en Michoacán durante los últimos meses ha estado marcado por disputas territoriales por parte de varios grupos del crimen organizado, los enfrentamientos se han concentrado directamente en la región P’urhépecha, región que vive tendencias preocupantes por el uso de drones con explosivos, emboscadas con armas de alto poder, hechos que una vez más no pueden entenderse de forma aislada, sino como parte de dinámicas complejas que impactan de manera diferenciada a las cuatro subregiones (cañada, meseta. lago y ciénega) del territorio P'urhépecha: desde los desafíos en la preservación de los bienes naturales en la meseta, hasta las presiones sobre el tejido económico local en la cañada de los once pueblos y las complejidades ambientales relacionadas con el acceso al agua en la región del lago de Pátzcuaro.

Este escenario regional plantea la necesidad de construir alternativas de paz que atiendan las causas de fondo a través del diálogo, la articulación de actores y la corresponsabilidad de las instituciones.

Es importante destacar que las tendencias y factores de riesgo que configuran la actual coyuntura han sido identificados y puestos en diferentes mesas que las comunidades han sostenido con el propio Estado de Michoacán y la federación de manera anticipada tanto por las asambleas comunitarias como por diversas organizaciones de la sociedad civil.

A través de diagnósticos participativos, informes de derechos humanos y constantes canales de comunicación, se ha venido señalando la necesidad de una intervención preventiva y estructural en la región.

La manifestación de incidentes críticos, como el ataque a la comunidad de Acachuen resultando dos personas fallecidas y una herida con daños que tendrá que sostener el resto de su vida, o en Sevina el ataque directo a su ronda comunitaria dejando dos integrantes fallecidos y uno más herido, confirma la vigencia de dichas lecturas de contexto y subraya que la prevención y la escucha temprana son herramientas indispensables para evitar el escalamiento de los conflictos.

Por ello, el momento actual exige transitar de la gestión de crisis hacia la atención real, adecuada y de largo alcance que retome los aprendizajes compartidos.

La experiencia acumulada en los procesos organizativos en Michoacán demuestra que las respuestas más sostenibles surgen cuando se reconoce y potencia la capacidad del sujeto comunitario organizado.

Las instituciones tradicionales, las Asambleas, las Rondas Comunales y las Guardias Comunitarias constituyen herramientas legítimas de cohesión social y cuidado mutuo que han demostrado su eficacia para salvaguardar la vida en momentos de alta complejidad como el que hoy vive el Estado Michoacano. Para avanzar hacia una paz duradera, resulta indispensable que el diseño de las estrategias de seguridad e intervención parta de un diálogo horizontal, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno articulen de manera armónica las facultades del Estado con los sistemas normativos propios y la libre autodeterminación de los pueblos originarios.

Con acciones que además puedan abonar a la prevención de Graves Violaciones a Derechos Humanos como desapariciones de personas, desplazamiento forzado interno, reclutamiento forzado, entre otras.

Generar espacios de interlocución multiactor viables, seguros y propositivos. Esto implica dotar de plenas garantías operativas y de reconocimiento a los sistemas comunitarios de protección, garantizando al mismo tiempo el esclarecimiento de los hechos que vulneran a las comunidades.

Es fundamental que las dependencias encargadas de la procuración de justicia, la seguridad pública y el desarrollo social coordinen esfuerzos con las autoridades tradicionales, comunitarias de las cuatro subregiones para mitigar los factores de presión sobre los recursos naturales y fortalecer los canales de mediación y prevención del delito.

Finalmente, es momento de respaldar la resiliencia y la dignidad de comunidades de todo el Pueblo P’urhépecha, favoreciendo espacios de articulación interregional entre la Meseta, la Cañada, el Lago y la Ciénega. La cohesión interna y la vinculación solidaria entre los pueblos han sido históricamente las mejores salvaguardas de la paz en la región.

Hacemos una invitación fraterna a las autoridades competentes, a las organizaciones de la sociedad civil, a las colectividades y a la academia a sumarse activamente a la atención de estos procesos, aportando herramientas metodológicas que fortalezcan los puentes de comunicación y la interlocución constructiva.

La paz es un proceso colectivo en permanente construcción, y hoy el camino idóneo es el que camina al lado de la memoria, la organización y la dignidad de la Nación P'urhépecha.

 
 
 

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