Un llamado a la 1era Sala SCJN para emitir sentencia caso de Fátima Quintana

El próximo miércoles 5 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene una oportunidad histórica. La Primera Sala votará el proyecto de sentencia de la Ministra Margarita Ríos Farjat en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, un caso emblemático que marcará el rumbo de la reparación integral del daño en casos de feminicidio en México.

Este caso representa la lucha de una década por justicia para Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de solo 12 años brutalmente asesinada en febrero de 2015 en Lerma, Estado de México. Durante estos 10 años, su familia ha enfrentado no solo el dolor de su pérdida, sino también amenazas, desplazamiento forzado y, en noviembre de 2020, la muerte de su hijo Daniel a los 16 años de edad, víctima de negligencia médica y estatal mientras se encontraban en medida de protección en Monterrey, Nuevo León.

EL Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó a los padres de Fátima el reconocimiento formal como víctimas indirectas del delito de feminicidio, impidiéndoles acceder a la reparación del daño. Ahora, la SCJN tiene la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien desde hace ocho años ha acompañado a la familia en su búsqueda de justicia, hace un llamado urgente a las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN para votar a favor del proyecto, el cual constituirá un precedente histórico en materia de reparación del daño y medidas de no repetición. Este proyecto dispone que el reconocimiento de los padres como víctimas indirectas no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima, reitera la inconstitucionalidad de los topes normativos para establecer reparaciones y que el Estado tiene una responsabilidad solidaria por el incumplimiento de su obligación de prevenir el delito de feminicidio.

El contexto en el Estado de México es alarmante. Con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2022 y 2024 se han registrado 1,052 asesinatos de mujeres, pero solo el 28% se investigan como feminicidios.

Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 31,180 mujeres desaparecidas en la entidad, sin claridad sobre cuántas han sido localizadas.

Estas cifras evidencian la necesidad urgente de implementar políticas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio.

Si el proyecto es aprobado, además de reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas, el Máximo Tribunal ordenará medidas de satisfacción y de no repetición a cargo del Estado de México, por su responsabilidad solidaria ante la persistencia del contexto de violencia feminicida en la entidad y el incumplimiento a la obligación de prevenir estas violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Aprobar este proyecto no solo haría justicia para la familia de Fátima, sino que también sentaría un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México. Garantizar la reparación integral del daño en casos de feminicidio es un paso indispensable para reconocer el sufrimiento de las familias, dignificar la memoria de las víctimas y asegurar que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

El caso de Fátima Quintana Gutiérrez es un recordatorio de la urgencia de fortalecer las políticas de prevención de la violencia feminicida y de garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger a mujeres y niñas en México.

La Suprema Corte tiene en sus manos la oportunidad de consolidar un marco de justicia y reparación basado en el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

A lo largo de estos años, Lorena Gutiérrez, Jesús Quintana y su familia han enfrentado amenazas, desplazamiento forzado y la devastadora pérdida de su hijo Daniel, cuya muerte fue resultado de la impunidad y la falta de protección del Estado.

Desde el OCNF reiteramos nuestro llamado a la Primera Sala de la SCJN para que, con este fallo, reafirmen su compromiso con el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas de feminicidio. Este miércoles, las y los Ministros tienen la oportunidad de hacer historia.

Que su decisión sea un mensaje claro: en México, la justicia para las víctimas de feminicidio no es una opción, es una obligación.