Tren Maya debe entregar información financiera sobre ejecución de gasto en materiales y calidad de los mismos.

Por el reciente hecho de descarrilamiento del Tren Maya. el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez; la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo y la senadora Mayuli Martínez, de Acción Nacional, ingresaron una denuncia penal en contra de Javier May Rodríguez, en su carácter de Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

La denuncia obedece a que intervino en el proyecto de infraestructura ferroviaria denominado “Tren Maya” durante la etapa de adjudicación y construcción del Tramo 3, misma que hace dos semanas se descarriló.

Los legisladores de oposición indicaron que el incidente en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 de la ruta Mérida Cancún, pudo haber causado riego en varias vidas inocentes.

“La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario público, comprado materiales de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra del Tren Maya”.

Ernesto Sánchez explicó que hay indicios de que este proyecto se llevó a cabo con corrupción, dándole contratos a los amigos de los hijos de López Obrador y abusando de los cargos que el gobierno pasado tenían los funcionarios cuates de José Ramón y de Andy.

Por otra parte, las irregularidades contractuales detectadas en los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM TRAMO3/23-OI-04, que derivaron en pagos indebidos y sobrecostos superiores a $155,000,000.00 (Ciento cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N), configuran la figura de uso ilícito de atribuciones y facultades y administración fraudulenta en contratos públicos, tipificada en los artículos 217, fracción I y 222 del Código Penal Federal, en correlación con los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras m Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Eres trata de una aplicación de recursos públicos en perjuicio de la Hacienda Federal constituye un manejo irregular y doloso que atenta contra la correcta administración del patrimonio público.

Además, resulta necesario precisar que la ASF observó m pagos indebidos adicionales: por los importes correspondientes a $10,102,400 (Diez millones ciento dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por cercado perimetral no colocado o sobrevaluado, $461,541.89 (Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y uno 89/100 M.N) por diferencias en estructura metálica y $140,461.54 (Ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y uno 54/100 M.N) por errores aritméticos en cálculo de financiamiento.

Estos hallazgos no se limitan a cuestiones contables: son indicios de actos administrativos y contractuales que contribuyeron directamente a la falta de calidad de las obras, así como a la falta de supervisión de  FONATUR, a través de sus

titulares sucesivos Rogelio Jiménez Pons, Javier May Rodríguez, Lyndia Quiroz Zavala y Sebastián Ramírez Mendoza, sumada a la omisión de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., dirigida al momento de los hechos ejecutados por el Gral. Óscar David Lozano Águila, de los que derivaron fallas estructurales y operativas que se materializaron en el accidente de Izamal.

Es importante destacar que, según información pública difundida por medios nacionales e internacionales, el Tren Maya acumuló pérdidas operativas por 5,807 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2025, con un subsidio diario de 12 millones de pesos del erario para sostener su operación. Por cada peso recaudado, el Gobierno Federal tuvo que destinar 108 pesos en subsidios, lo que revela no sólo deficiencias técnicas, sino también inviabilidad económica estructural.