Trámite 1era lectura a dictámenes sobre Guardia Nacional y búsqueda de personas desaparecidas

En la sesión extraordinaria de este jueves, la Mesa Directiva cumplió el trámite de primera lectura del dictamen que expide la Ley de la Guardia Nacional y que reforma diversas disposiciones a ocho leyes, como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2024.

Dicho documento contiene modificaciones a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Además, modificaciones a las leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de los códigos de Justicia Militar, y Militar de Procedimientos Penales.

Con estas reformas, se busca establecer a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar, con formación policial y personal civil de confianza, con funciones técnicas, profesionales y administrativas.

De igual forma, se fijan los mecanismos necesarios para que la Secretaría de la Defensa Nacional sea la que dirija a los elementos de la Guardia Nacional bajo una doctrina de policía civil y una actuación de respeto a los derechos humanos.

También se dio trámite de primera lectura al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Este dictamen crea un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos, así como mecanismos de respuesta más rápidos y eficaces que permitan atender de manera oportuna los casos.

Entre sus puntos, el documento además establece la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda de emitir un protocolo para su activación y operación, así como el mecanismo para su correcta operación y coordinación entre autoridades federales y estatales.