TJACDMX solicita 684.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Estela Fuentes Jiménez, acudió a mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, como parte del proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026.

La presidenta de la comisión, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) afirmó que este ejercicio de rendición de cuentas permite a la población conocer con claridad cómo se destinan los recursos económicos que provienen de sus contribuciones, así como el uso de los fondos públicos, metas y objetivos de los programas prioritarios que se ejecutarán en 2026, lo que fomenta una administración abierta y responsable, que responde a las necesidades sociales.

El legislador Omar Alejandro García Loria (PRI) indicó que el TJA es uno de los pilares que definen cómo se relaciona la autoridad con la ciudadanía. Reconoció el esfuerzo de este órgano, al practicar más de mil 150 notificaciones jurídicas diarias con una plantilla de 43 actuarios. Comentó que “una carga así no puede sostenerse de manera indefinida”, y preguntó a la magistrada presidenta qué medidas tiene previstas para fortalecer el área de notificaciones.

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) reconoció la responsabilidad que recae sobre esta instancia. Señaló que las áreas propuestas de inversión reflejan una visión proactiva hacia la resolución de conflictos más rápida de los problemas de la ciudadanía, por lo que es necesaria la inyección de capital.

Preguntó acerca del porcentaje del presupuesto y acciones que se han implementado para impulsar la paridad de género.

La congresista Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) señaló que el TJACDMX es un órgano jurisdiccional autónomo que tiene como objetivo resolver controversias entre los particulares y la administración pública; reconoció los ahorros logrados gracias a políticas de austeridad, preguntó por el ahorro neto generado, y cómo se alinea la proyección presupuestal con los principios de racionalidad de gasto.

En su oportunidad, la legisladora Diana Barragán Sánchez (PT) solicitó detalles sobre las estrategias previstas para fortalecer la presencia pública de este organismo y lograr que más personas conozcan y acudan a esta instancia cuando requieran justicia.

La diputada Claudia Neli Morales Cervantes (PVEM) expresó que la ciudadanía espera que este tribunal sea una puerta abierta y no un muro burocrático, “y vemos avances claros en esta dirección”. Felicitó el esfuerzo por el manejo responsable de los recursos, que todo el presupuesto esté comprometido y con un avance ejercido al 74 por ciento, sin subejercicios y con acciones pequeñas que contribuyen a la austeridad. Preguntó por la forma en que se contribuye al cuidado y protección al ambiente en el ámbito de su competencia; y sobre los beneficios que obtendrá la población con la implementación de los juicios digitales.

El legislador Diego Orlando Garrido López (PAN) celebró que el TJA no fue incluido en la Reforma Judicial y aplaudió que este órgano reporta un avance presupuestal del 82 por ciento. Externó su preocupación por que el TJA solicitó 684 mdp para su operación mínima, pero la Secretaría de Finanzas proyecta otorgarle únicamente 583.9 mdp, aunado a la reducción presupuestal que enfrentaron este año.

Aplaudió la solicitud de recurso para programas especiales, como el juicio en línea.

La congresista Lizzette Salgado Viramontes (PAN) preguntó por el predio de Chimalpopoca y Cerrada Teresa de Mier número 25, en San Antonio Abad, ocupado por una organización vecinal, y si se ha buscado la intervención de la Secretaría de Gobierno y el INVI, y qué resultados han obtenido, al tiempo que manifestó su apoyo para realizar gestiones para que el tribunal pueda ocupar sus edificios.

El diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez (MORENA) reconoció el papel fundamental que desempeña el TJA y la titular del mismo, ya que contar con un órgano profesional y especializado es indispensable para preservar la confianza en las instituciones. Preguntó acerca de las acciones implementadas para el fortalecimiento, evolución y eficiencia del programa de capacitación; y reconoció el trabajo de la magistrada presidenta, de las y los magistrados del TJA.

Exposición de la titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa local, Estela Fuentes Jiménez, solicitó una “ampliación líquida, pues los recursos asignados son insuficientes para cubrir los gastos ineludibles”, por lo que requirió 684 millones 475 mil pesos para el ejercicio fiscal 2026.

Expuso que con el recurso solicitado se prevé desarrollar tres proyectos especiales: rehabilitación del inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 491, instalación del Centro de Mediación para el TJACDMX y adquisición de la Plataforma Tecnológica para el Juicio Digital.

Señaló que actualmente el 92 por ciento del presupuesto se destina para el pago de nómina y el arrendamiento de tres edificios, mientras que el 8 por ciento restante se utiliza para insumos de papelería, equipo de cómputo y pago de energía de los tres edificios.

En relación al recurso del presente ejercicio presupuestal 2025, indicó que se recibieron 558 millones 783 mil pesos que ya se tienen ejercidos al 100 por ciento.

Sin embargo, “para concluir este ejercicio estimamos un déficit de aproximadamente 11 millones de pesos, por lo que invariablemente requerimos del apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas para que nos otorgue una ampliación presupuestal”.

Agregó que con el recurso ejercido se atendieron 24 mil 224 demandas, lo que representa que en los últimos cinco años se ha incrementado en 90 por ciento el número de casos, en temas como multas de tránsito, predial, derechos por suministro de agua, órdenes de visitas de verificación, clausura de establecimientos mercantiles, acciones públicas y responsabilidad de personas servidoras públicas, entre otros.

Al responder los cuestionamientos de las personas legisladoras, la magistrada presidenta resaltó que a pesar de la falta de recursos alcanzaron el nivel oro, reconocimiento que se otorga por cumplimentar la norma 25 en igualdad laboral y no discriminación; y que han trabajado también en la creación de un protocolo para atender casos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y discriminación.