TEPJF sentará un pésimo precedente jurídico si otorga triunfo como jueza a Irlanda Pacheco vinculada Unión T.

Sería una terrible decisión y un pésimo precedente jurídico el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concediera el triunfo como Jueza de Distrito en materia penal por el Distrito 1 de Iztapalapa, a Irlanda Pacheco Torres ya que carece de buena reputación, está relacionada con un proceso penal y siendo Directora General de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas también fue abogada particular de Luis Erick Barajas García, presunto miembro de La Unión Tepito.

Luisa Amanda Rivero Espinosa, quien también compitió por el cargo de Jueza del Distrito 1 de Iztapalapa, impugnó el resultado y pidió que los magistrados del TEPJF declararan nulo el triunfo de su oponente, pues mañana miércoles 30 de julio se someterá a discusión.

Rivero Espinosa alertó que la Magistrada, Mónica Aralí Soto Fregoso, impulsa dar por elegible a candidata electa de dudosa reputación bajo el argumento de que si bien fue acusada por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso esta persona está confesa, pero llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima y al carecer de sentencia condenatoria, considera que goza de buena reputación.

En entrevista de medios, la aspirante a Jueza de Distrito en materia penal por el distrito 1 de Iztapalapa, Luisa Amanda Rivero Espinosa, afirmó que la Sala Superior estaría ignorando la importancia del requisito constitucional de gozar de buena reputación para aspirar a un cargo de esta naturaleza.

Además marcaría un precedente en el sentido de que para ser juez no importa que hayas confesado la comisión de un delito como puede ser el defraudar a la propia administración de justicia.

También, una resolución a favor de la aspirante que tiene relación con personajes vinculados a la Unión Tepito pondría en entredicho el objetivo de la reforma al Poder Judicial que busca terminar con la corrupción de algunos jueces.

Luisa Amanda Rivero Espinosa recordó que entre los motivos para dicha reforma promovida por el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está que “la selección de jueces debe ir más allá del simple cumplimiento de ciertos requisitos, como pueden ser la edad, la nacionalidad o la experiencia profesional, pues se debe considerar, además, su solidez ética y moral”.

Rivero Espinosa cuestionó: ¿Entonces, qué solidez ética y moral puede tener una persona que ha cometido diversos delitos contra la administración de justicia y aun así será titular de un juzgado penal federal?

¿Qué confianza y certeza jurídica puede generarle a la sociedad saber que podrán ser juzgados por un titular que haya cometido actos que violan la administración de justicia y actos de corrupción?

De confirmarse el proyecto de resolución en los términos propuestos por la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ratificó, “se estarían cobijando las conductas delictivas en contra de la propia administración de justicia bajo el argumento de que con independencia que una persona haya aceptado los delitos por los que se les acusó e incluso haya llegado a un acuerdo para reparar el daño a la víctima, éste puede llegar a ser juez y se ignorará un requisito constitucional para tal cargo que es la buena reputación”.

Por lo anterior hizo un llamado a los magistrados a analizar con detenimiento la figura de la buena reputación, sobre todo tratándose de la elección de jueces que tendrán en sus manos la alta responsabilidad de impartir justicia en México.