Sustitución de la prisión preventiva de indígena con multidiscapacidad

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), obtuvo la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva en favor del señor Rufino García Moreno, persona náhuatl originaria de Ahuacuotzingo, Guerrero, quien vive con discapacidad auditiva, de lenguaje e intelectual, y que permaneció más de trece años privada de la libertad en distintos Centros Penitenciarios Federales y actualmente se encontraba en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, acusado de diversos delitos federales.

Durante la audiencia celebrada el 7 de noviembre de 2025, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero, la Defensoría Pública argumentó que en este caso se había excedido el plazo máximo de dos años que la Constitución establece para la prisión preventiva. Asimismo, destacó que este asunto debía analizarse conforme a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al tratarse de una persona con multidiscapacidad que requiere ajustes razonables para la garantía de su derecho a una defensa adecuada y acceso a la justicia.

La jueza determinó el cese de la prisión preventiva e impuso medidas no privativas de la libertad, lo que permitirá que Rufino García Moreno continúe su proceso en libertad y regrese con su familia. Este logro representa un avance significativo en el reconocimiento del derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, especialmente para las personas indígenas y con discapacidad.

El caso también pone de relieve la necesidad de revisar las medidas de internamiento para inimputables, las cuales son de carácter obligatorio de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, medidas que no se ajustan a los parámetros de la Convención, pues sustituyen la voluntad de las personas con discapacidad y corren el riesgo de que sean sometidas a tratamientos forzados bajo una lógica médica que puede derivar en malos tratos o tortura.

Con este resultado, el IFDP reafirma su compromiso de garantizar una defensa penal con perspectiva de derechos humanos, en especial para quienes enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad. Así, la Defensoría Pública contribuye a que todas las personas puedan acceder a una justicia plena, pronta e incluyente, que reconozca su dignidad y su derecho a vivir libres de discriminación.