Solicitan en la Permanente a la SRE fortalecer acciones de protección a menores cuyos padres deportados

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) que, por conducto de los Consulados de México en los Estados Unidos de América fortalezcan las acciones de asistencia, protección y acompañamiento consular dirigidas a madres, padres y tutores migrantes de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad mexicoamericana.

Además, las y los legisladores pidieron a la SRE reforzar las acciones y estrategias institucionales orientadas a salvaguardar el bienestar de la niñez y adolescencia de nacionalidad mexicoamericana que permanezcan en territorio estadounidense, en caso de que sus padres o tutores sean deportados.

El punto de acuerdo, aprobado este miércoles, detalla que en Estados Unidos aproximadamente 17.9 millones de niños viven con al menos un padre inmigrante, según datos de 2023.

Agrega que estos niños representan el 26 por ciento de todos los menores de 18 años en el país y la mayoría de ellos nacieron en Estados Unidos.

“Adicionalmente, existen alrededor de 4.1 millones de niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres son inmigrantes indocumentados, según datos de AFT-American Federation of Teachers”, detalla el documento.

Destaca que, en algunos casos, cuando los padres son deportados y los hijos nacieron en Estados Unidos, las familias enfrentan una dolorosa separación y aunque hay procedimientos para que los padres puedan tomar decisiones sobre la custodia o el retorno voluntario de los hijos, la falta de información, barreras idiomáticas y el miedo a represalias legales complican el proceso.

“En ocasiones, los niños terminan en hogares temporales, perdiendo contacto con sus padres por largos periodos”, señala

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión Permanente consideraron que la solicitud a las autoridades es viable, ya que la inexistencia o demora en establecer una tutoría o custodia legal efectiva tras las deportaciones no sólo vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que profundiza su trauma emocional, educativo y social.

“Por lo anterior, es necesario implementar mecanismos transfronterizos eficaces, protocolos rápidos y recursos especializados para protegerlos conforme al interés superior del niño, ya que la detención migratoria de madres, padres o tutores en redadas o procesos administrativos, afecta directa y profundamente el bienestar de las hijas e hijos que quedan al resguardo de familiares, amigos o incluso en orfandad temporal”, destaca el dictamen.

El documento añade que diversos estudios académicos y de organismos internacionales han demostrado que esta separación genera ansiedad, trastornos del sueño, retraimiento, depresión, dificultades escolares y en algunos casos, síntomas de estrés postraumático.

“En muchos casos, los menores permanecen sin acompañamiento psicológico, sin servicios consulares adecuados, ni protocolos estandarizados que garanticen su seguridad legal ni emocional. Esta situación vulnera el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4° constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, precisa.