Sociedad civil cuestiona iniciativa de reforma al IEPS de bebidas alcohólicas

De acuerdo con el simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cuota propuesta de $1.38 reduciría el precio de todas las bebidas alcohólicas —entre 5.1% en cerveza y 24.9% en destilados—, elevaría su consumo entre 6.2% y 36.8%.

Organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas expresaron su preocupación ante la iniciativa presentada el martes 29 de septiembre en la Cámara de Diputados para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicable a bebidas alcohólicas y cerveza, al considerar que diversos elementos de la propuesta benefician claramente a la industria alcoholera y no responden al objetivo de reducir los daños asociados al consumo de alcohol.

La iniciativa, presentada por el diputado Francisco Javier Guízar Macías1, propone sustituir el actual esquema ad valorem (que grava el impuesto a bebidas alcohólicas por graduación alcohólica y precio) por una cuota de $1.38 por cada grado de alcohol por litro, además de establecer un estímulo fiscal equivalente al 90% del IEPS para determinados productores e importadores “artesanales” que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con el simulador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la cuota propuesta de $1.38 reduciría el precio de todas las bebidas alcohólicas —entre 5.1% en cerveza y 24.9% en destilados—, elevaría su consumo entre 6.2% y 36.8% y reduciría la recaudación del IEPS en más de 26 mil millones de pesos.

Para mantener la recaudación actual, la cuota tendría que ser de al menos $2.40 por grado. La cuota propuesta —138 pesos por litro de alcohol puro— y el crédito fiscal de 90% para productores de hasta 10 mil litros coinciden con lo que la Comisión para la Industria de Vinos y Licores y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera propusieron públicamente en septiembre.

Ante este panorama, las organizaciones sostienen que la política fiscal aplicada a bebidas alcohólicas debe priorizar la protección de la salud de la población y beneficiar las finanzas públicas, y no diseñarse principalmente alrededor de las ganancias de la industria alcoholera.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que existen conflictos entre los objetivos de salud pública y los intereses comerciales de la industria alcoholera, y recomienda proteger la formulación de políticas frente a interferencias comerciales.

Empresarios proponen que destilados paguen por su nivel de alcohol. LaJornada, 3 de septiembre de 2026.

El cambio hacia un impuesto basado en el contenido de alcohol, por sí mismo, no es contrario a las recomendaciones internacionales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS)3 ha reiterado que los impuestos específicos basados en la cantidad de alcohol puro pueden ser una herramienta eficaz de salud pública.

El problema está en cuánto se grava, qué tan rápido se actualiza el impuesto y qué excepciones o estímulos reducen su efecto final sobre el precio y el consumo.

La iniciativa del diputado Guízar solo responde a los intereses de la industria alcoholera a costa de mermar la salud pública y dañar las finanzas públicas.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el planteamiento debe ir más allá de cuanto se recauda, la reforma debe garantizar menor asequibilidad y la reducción de daños a la salud.

De acuerdo con el simulador de impuestos del CIEP4, una cuota de $4.95 por cada grado de alcohol tiene un potencial de reducir el consumo de manera importante, y aumentar la recaudación de impuestos en más de 24 mil millones de pesos, lo que representa casi todo el presupuesto del programa de medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social.

Al respecto, Alonso Robledo, vocero de RASA señaló: “Resulta profundamente preocupante que, mientras México enfrenta las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del consumo de alcohol, haya legisladores más preocupados por aliviar la carga fiscal de la industria que por proteger la salud de la población.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está el beneficio para las familias mexicanas que pagan las consecuencias del alcohol con enfermedades, violencia, accidentes y vidas perdidas? ¿Dónde está el beneficio para el sistema público de salud que tiene que enfrentar la atención de las enfermedades y condiciones causadas por el alcohol? México no necesita un sistema fiscal diseñado para hacerle más fácil el negocio a la industria del alcohol; necesita impuestos que contribuyan a reducir los daños, proteger a las nuevas generaciones y evitar que las familias sigan pagando una factura que no les corresponde”.

El debate sobre el IEPS no puede reducirse a una discusión recaudatoria. También es una decisión de política de salud pública. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil se oponen a una cuota que reduzca la carga fiscal efectiva sobre las bebidas alcohólicas.

Además, llaman a las y los diputados a evaluar cualquier reforma con criterios de: salud, evidencia científica, transparencia y protección del interés público.