Sin controles mínimos, la política está expuesta crimen organizado

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………..

El senador Mario Vázquez del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para establecer evaluaciones técnicas obligatorias como requisito previo para registrar candidaturas a cargos de elección popular.

“La propuesta se basa en una premisa directa: el sistema político mexicano actualmente carece de un umbral mínimo de integridad verificable para aquellos que aspiran a ejercer el poder público.

“En un contexto de corrupción persistente, deterioro institucional e infiltración criminal en espacios representativos, continuar sin filtros no es neutral: es permisivo”, afirmó.

Evaluar para proteger. La iniciativa establece siete evaluaciones técnicas como estándar mínimo de idoneidad y confiabilidad:

— Evaluación médica, para certificar la aptitud física real en el desempeño del cargo.

— Evaluación toxicológica, para descartar adicciones que comprometan la toma de decisiones.

— Prueba psicométrica para estabilidad emocional y evaluación cognitiva.

— Prueba de polígrafo para identificar posibles vulnerabilidades de riesgo.

— Evaluación de competencias académicas acordes al cargo.

— Revisión de antecedentes legales, administrativos y profesionales.

— Análisis de congruencia patrimonial para verificar el origen de los recursos.

La propuesta incluye que estas evaluaciones sean requisito obligatorio antes del registrar candidaturas y se desarrollen a través de legislación secundaria con reglas técnicas claras y supervisión institucional.

No son casos aislados, es un patrón

En las últimas décadas, diversos precedentes han demostrado que la infiltración del crimen en estructuras públicas no es excepcional:

—  Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo condenado por vínculos con el narcotráfico tras su detención en 2002

—  Tomás Yarrington, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero.

—  El “Michoacanazo”, durante el gobierno de Felipe Calderón, que exhibió posibles vínculos municipales con el crimen organizado.

—  José Luis Abarca Velázquez, cuyo caso derivó en una crisis nacional.

—  Edgar Veytia, exfiscal condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

—  Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública sentenciado por colaborar con el narcotráfico.

—  Diego Rivera Navarro, cuya captura reciente reactivó el debate sobre filtros partidarios

Estos antecedentes sustentan la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos y de coordinación institucional para evitar que personas con posibles vínculos ilegales accedan al poder público.

“El derecho a ser votado es fundamental, pero no puede convertirse en escudo para evadir estándares mínimos de integridad. La democracia también implica responsabilidad frente a la ciudadanía”, afirmó el legislador.

También argumentó que establecer controles objetivos no restringe la competencia política; la fortalece. La ausencia de filtros es lo que actualmente debilita la legitimidad del sistema.

“El hecho de proponer que para competir por un cargo público exista una evaluación obligatoria marca un punto de inflexión en el debate nacional sobre la calidad de la representación política.

“Cualquiera que aspire a gobernar debe estar dispuesto a transparentarse. Si alguien se opone a evaluaciones mínimas de idoneidad, tendrá que explicar por qué”, concluyó el legislador del PAN.