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Si reforma al Poder Judicial trae bautizo de gran Plebiscito Popular


. RICARDO MONREAL AVILA. …………………………………

Legitimidad y validez de la reforma al Poder Judicial. El gran problema de las y los juzgadores que se oponen a la reforma constitucional al Poder Judicial es que son jueces y parte y, entonces, por más lógica formal que posean sus argumentos, están afectados de parcialidad, asunto grave que puede socavar la integridad del propio sistema de justicia.

Cuando una jueza o un magistrado tiene interés personal en el resultado de un caso o de un asunto determinado, es probable que sus decisiones estén sesgadas. Ese es uno de los principales inconvenientes relacionados con la falta de imparcialidad.

No sobra decir que esto infringe el principio fundamental de que la justicia no debe ser imparcial, sino objetiva, y significaría, además, una violación flagrante al principio del debido proceso, algo que no es menor, en razón de que el derecho a un juicio justo es fundamental en cualquier sistema legal, y la parcialidad o el conflicto de interés comprometen este derecho básico.

Por otro lado, el sesgo en la impartición o administración de justicia conlleva la pérdida de confianza pública. Situación del todo grave, ya que, si se percibe que el sistema judicial es parcial o arbitrario, la sociedad puede perder la confianza en las instituciones y, a la larga, en el aparato gubernamental del Estado en general. Asimismo, puede conducir a un menor respeto por la ley y las decisiones judiciales.

La otra cara de la moneda del sesgo o la parcialidad son las decisiones injustas, considerando que las sentencias basadas en prejuicios o intereses personales pueden resultar, por ejemplo, en castigos excesivos o absoluciones indebidas; sin dejar de mencionar que esto socava el propósito mismo del sistema judicial.

Existen también implicaciones de abuso de poder en el asunto. Las y los impartidores de justicia que actúan como jueces y parte estarían usando su posición para favorecer sus intereses o los de sus allegados. Y esto constituye una forma de corrupción judicial.

Otra cuestión que se deriva de la parcialidad en la administración de justicia es la inconsistencia en las decisiones. La arbitrariedad puede llevar a que casos similares tengan resultados muy diferentes. Esto crea incertidumbre legal y dificulta la aplicación uniforme de la ley.

No debe perderse de vista que si el Poder Judicial no es imparcial, no puede actuar como un control efectivo sobre los otros Poderes del Estado. Esto desequilibra el sistema de pesos y contrapesos necesario en una democracia y contribuye al debilitamiento del esquema de separación de Poderes.

Asimismo, las decisiones parciales o arbitrarias pueden resultar en violaciones de derechos fundamentales, lo cual es especialmente grave en casos penales o que involucren derechos civiles.

Esta parcialidad puede conducir, a su vez, a otros defectos de la práctica profesional, como el conflicto de interés o la colusión de autoridades para defender un interés partic…

 

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