¡Sheinbaum, aléjate de la narco-política, para no ser una cómplice fortuita!
. BLAS A. BUENDÍA. ……………………………..
A 21 días de haber asumido la Presidencia de la República, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., demandó a Claudia Sheinbaum Pardo, alejarse por completo del fenómeno de la narco-política y del sufragio para designar a jueces que solo sirvan a esos bastardos intereses, porque de lo contrario, la imagen de México seguirá siendo opacada por una Cuarta Deformación que jamás debió haber existido en el quehacer político nacional.
México está atravesando un momento crítico en cuanto al Estado de Derecho, que se define como un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, respetando los derechos humanos y aplicando la justicia de forma equitativa y eficiente.
La simulación del Estado de Derecho en México se debe, en parte, a la tolerancia y la impunidad que se han permitido en las épocas políticas neoliberales y en el imperio que fortaleció el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto ha llevado a la protección de figuras políticas relacionadas con el narcotráfico, lo que ha generado una crisis de confianza en las instituciones y en el sistema judicial.
El Estado de Derecho se sustenta en dos columnas fundamentales: la dignidad de la persona humana y la División de Poderes. Sin embargo, en México, estos principios han sido cuestionados por la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia.
Para recuperar el Estado de Derecho en México, es necesario desarrollar titánicas tareas, como son:
—Erradicar la corrupción y el dispendio: Garantizar que las instituciones públicas sean transparentes y responsables en el manejo de los recursos.
—Separar el poder político del poder económico: Evitar que los intereses económicos influyan en la toma de decisiones políticas.
—Garantizar empleo, educación, salud y bienestar: Proporcionar oportunidades y servicios básicos a todos los ciudadanos.
—Respetar los derechos humanos: Proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas.
Estos cambios son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que el Estado de Derecho sea una realidad en México, porque hoy en día, existe una brújula locamente perdida para alcanzar un desarrollo democráticamente sustentable, donde impere la legalidad y la transparencia.
—Si en todo gobierno no existe legalidad y la transparencia, cuál es la imagen en materia de globalización, es la inquietante pregunta que todos los días se formula el pueblo de México.
Si bien califican como “excelente pregunta”, definen que la falta de legalidad y transparencia en un gobierno puede tener consecuencias negativas en la imagen de un país en materia de globalización.
Analistas políticos han considerado la diversificación de posibles implicaciones:
Imagen internacional. Percepción de corrupción: La falta de transparencia y legalidad puede generar una percepción de corrupción y falta de confianza en el gobierno y las instituciones.
Riesgo para la inversión: La inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica pueden disuadir a los inversores extranjeros.
Dificultades para la cooperación internacional: La falta de transparencia y legalidad puede obstaculizar la cooperación internacional en áreas como el comercio, la seguridad y el medio ambiente.
Consecuencias económicas. Pérdida de competitividad: La corrupción y la falta de transparencia pueden aumentar los costos de hacer negocios y reducir la competitividad.
Reducción del crecimiento económico: La inestabilidad política y la falta de confianza pueden reducir el crecimiento económico.
Aumento de la pobreza: La falta de oportunidades y la desigualdad pueden aumentar la pobreza.
Impacto en la sociedad. Desconfianza en las instituciones: La falta de transparencia y legalidad puede generar desconfianza en las instituciones y en el gobierno.
Polarización social: La corrupción y la falta de justicia pueden generar polarización social y conflictos.
Emigración: La falta de oportunidades y la inestabilidad política pueden llevar a la emigración de talentos y personas.
Ejemplos de países con problemas de legalidad y transparencia
Venezuela, Nicaragua, Honduras, Brasil (durante el gobierno de Bolsonaro), y Sudáfrica (durante el gobierno de Zuma)
Soluciones. Fortalecer las instituciones democráticas; implementar políticas de transparencia y rendición de cuentas; combatir la corrupción; promover la participación ciudadana; fomentar la cooperación internacional.
En resumen, la falta de legalidad y transparencia en un gobierno puede tener consecuencias negativas en la imagen de un país en materia de globalización, afectando su economía, sociedad y relaciones internacionales. Es fundamental que la presidenta de México, se alineé con los efectos globalizantes para implementar soluciones que fortalezcan las instituciones democráticas y promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Ese sí sería la base piramidal de un cambio, y no andar presumiendo de una Cuarta Transformación que para millones de mexicanos solo es una broma para imberbes que aun se tragan las mentiras a lengüetadas, llegando a la conclusión que esa Cuarta Deformación promovida por Morena, forma parte de un PRI “renovado” pero totalmente disfrazado.
¿Narco-justicia?. En esta tesitura, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el reconocido penalista Alberto Woolrich Ortiz, fijó su postura política-jurídica, que al respecto denominó “¿Narco-justicia?”
Puede ocurrir que en un caso excepcionalísimo —y digo excepcionalísimo, porque así es—, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tenga dentro de sus promesas por cumplir, la de lograr una total imparcialidad y una férrea honestidad en el ámbito de procuración e impartición de justicia.
El compromiso antepuesto resulta ser la consecuencia de la enorme corrupción y la narco-política que se permitió en ese entorno por la mala gobernanza de las fuerzas neoliberales y el propio Andrés Manuel López Obrador.
Lejos de haberse demolido, combatido o menguado dicho execrable fenómeno, el poder de la narco-política logró influir con su incremento que muchas de nuestras instituciones republicanas fueran asoladas al grado de definir y obtener que la injusticia de la “narco-justicia” prevaleciera en ellas.
Poder que algunos miembros de la Cuarta Transformación de la Nación hicieron valer para obtener mediante una Reforma Judicial el voto popular para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formen a futuro parte del nuevo “acervo intelectual” del Poder Judicial Federal, que es punto departida de un proceso de degradación que va en ascenso.
El proceso y procedimiento para adquirir esa bajeza fue descarnado y reprobable. De las promesas de una justicia decente y transparente, en la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos participara directamente para obtener las decisiones más importantes para México, nos encontramos a solo un paso de no lograrlo, para con ello obtener un simulado “Estado de Derecho”, producto de un principio de tolerancia e impunidad que se le brindó en esas épocas políticas al narco-político más significativo de la historia jurídico nacional.
Sería deseable que entre el pueblo soberano de México y sus gobernantes, representantes o autoridades no existieran poderes intermedios o agrupaciones político-delincuenciales.
Además, que nuestros dirigentes no deberían de estar sujetos a mandatos imperativos de cualquier otro poder ajeno a los Poderes de la Unión. Para no dar continuidad a los intereses particulares de esa caterva delincuencial, nuestros mandatarios solo deben de perseguir los intereses generales de beneficio a esta gran Nación, solo así nuestra gobernanza, incluyendo en ello, a nuestra Primera Magistrada de la Nación, se abstendrían de recibir exigencias de ninguna clase.
Como han señalado múltiples juristas de prosapia, nunca había sido tan menospreciada nuestra Constitución Republicana como en las eras políticas del neoliberalismo y de Andrés Manuel López Obrador.
Esas épocas, lamentablemente han conducido a nuestra República a una realidad indeseable e incompatible con las raíces mismas de la soberanía, democracia, Estado de Derecho y respeto a la ley. Todo pareciera que está derruido, propiciado por el propio poder presidencial.
Bien refieren Eddie Varón Levy y Ricardo Franco Guzmán, al coincidir que en esta nueva temporada de la política, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debe de impregnarse de emociones por el bien público, por el bien de la justicia y por el bien de México, y todo ello debe hacerlo con lucidez, alejada siempre del fenómeno de la narco-política y del sufragio para designar a jueces que solo sirvan a esos bastardos intereses. Tener a jueces, magistrados y ministros de consigna, solo significaría que México ya se lo carcomió el poder de la narco-política.
¡Es cuánto!, puntualizó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.
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