Senadores con Doble nacionalidad aclarar posible conflicto de interés ante reforma constitucional

Reforma constitucional consecuencia legal Diputados federales y locales del PAN emitieron un llamado urgente a la Mesa Directiva del Senado de la República en relación a la reforma sobre doble nacionalidad: “que los legisladores con doble nacionalidad transparenten su situación jurídica antes de participar en la discusión y votación de la reforma constitucional en materia de nacionalidad única".

Los diputados Federico Döring, Genoveva Huerta, Paulina Rubio y Raúl Torres Guerrero, este último, coordinador de Mexicanos en el Exterior del CEN del PAN, comentaron que la iniciativa propone modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para restringir la posesión de otra nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante este escenario, los panistas lanzaron un cuestionamiento central: ¿Es legal y ético que participen en la votación aquellos senadores cuya situación jurídica personal está directamente relacionada con la materia a regular?.

Subrayaron que su objetivo no es prejuzgar los derechos políticos, sino exigir el estricto apego al marco legal vigente:

•         El Reglamento del Senado (Artículos 10 y 19)

•         La Ley General de Responsabilidades Administrativas (Artículo 58) Estas normativas obligan a los servidores públicos a excusarse de intervenir en asuntos donde exista un conflicto de interés o del cual puedan derivar un beneficio o afectación personal.

Riesgos legales en Estados Unidos. La legislación estadounidense emplea el concepto de "United States person", que abarca a sus ciudadanos y residentes permanentes sin importar su ubicación física, sujetándolos a regímenes de alcance global.

En este contexto, Döring, Huerta, Rubio y Torres Guerrero señalaron los casos de los senadores Javier Corral Jurado, Jasmine Bugarin, Cecilia Guadiana Mandujano y Ricardo Sheffield, de quienes se tiene conocimiento que poseen ciudadanía estadounidense.

Así como de la senadora Karina Ruiz, quien reside en Arizona y llego a la Cámara alta por la representación de los migrantes.

Votar esta reforma implicaría graves consecuencias legales en EE. UU. para los legisladores en esta situación:

1.- Violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sección 349 A): Votar esta reforma podría interpretarse como una acción de expatriación, equivalente a renunciar a la ciudadanía estadounidense. Renunciar a la ciudadanía no es un trámite de escritorio: es presencial, irreversible y depende de tiempos que México no controla.

2.- Implicaciones Fiscales (IRS): Enfrentarían consecuencias por violar la U.S. Exit Tax under Internal Revenue Code Section 877A, lo que acarrea serios problemas tributarios.

3.- Pérdida de Residencia Legal (USCIS): Para los senadores que son residentes permanentes, violarían la ley al residir más de 180 días fuera de EE. UU., abandonar su estatus por un empleo principal en el extranjero y por servir como oficiales electos en otro país.

4.- The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act: faculta a Estados Unidos a bloquear bienes y restringir la entrada al país de personas extranjeras involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o en actos de corrupción, recordando que Morena se hizo de la mayoría calificada en el Senado mediante la coacción sobre legisladores y la protección a senadores señalados por sus vínculos con el crimen organizado.

Finalmente, los diputados del PAN anunciaron que en conjunto y de la mano de Organizaciones migrantes estarían listos para presentar denuncias formales en contra de los senadores con doble nacionalidad o residencia estadounidense ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La relación entre México y el mundo ha trascendido las fronteras territoriales y los acuerdos gubernamentales para convertirse en una sociedad binacional y transnacional. Impulsada por décadas de migración, esta realidad abarca a cerca de 40 millones de personas de origen mexicano en territorio en el exterior.