Seminario para la implementación Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares favor de gente

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, destacó la importancia de la capacitación de las y los abogados de todo el país, para que puedan enfrentar los nuevos retos que traerá la instrumentación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Al inaugurar el Seminario Práctico de Actualización en Materia Civil y Familiar con Perspectiva de Género, que se realizó en el Senado y en el que participaron las y los abogados de la región del Valle del Mezquital de Hidalgo, la legisladora destacó que “el nuevo modelo judicial exige la preparación real, el conocimiento técnico actualizado y el compromiso para que funcione todo por el bien de la gente”.

Recordó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2023, y se fijó un plazo de cuatro años para su implementación en todas las entidades federativas; de ahí la importancia, dijo, de abrir espacios para que los juzgadores conozcan la nueva legislación y puedan implementarla con eficacia.

Mencionó que con las nuevas normas jurídicas se pretende que los procedimientos se realicen con el enfoque prioritario hacia la resolución expedita de los casos, a fin de mejorar la eficiencia del sistema judicial y asegurar que los asuntos se resuelvan en un tiempo razonable.

En su participación, la académica Yadira Aidée Huerta Reyes se pronunció por un cambio en la visión de los nuevos juzgadores para que sean empáticos y para que eviten trámites burocráticos lentos y complicados, así como procedimientos rígidos y poco flexibles que implican pasos rigurosos, que generan procesos ineficaces y de larga duración.

Señaló que uno de los instrumentos jurídicos que se pueden aplicar como alternativa para hacer más expeditos los procesos es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que se expidió el 26 de enero del 2024 y cuyo objetivo es establecer un marco legal para la solución pacífica de conflictos a través de mecanismos como la mediación, conciliación y arbitraje, entre otros, a través de alternativas a los procesos judiciales tradicionales.

“Esta ley busca promover una justicia más accesible, ágil y eficiente, reduciendo la carga de trabajo en los tribunales y ofreciendo a las partes involucradas en un conflicto una forma más rápida y económica de resolver sus diferencias”, detalló.

En su oportunidad, el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rubén Cayetano García, consideró que la nueva conformación del Poder Judicial será una oportunidad para que sus nuevos integrantes no luchen sólo por la democracia, sino por la justicia.

Dijo que antes de que se aplique el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, es momento de que los abogados de todo el país se capaciten y se acerquen a las autoridades para que su implementación sea en beneficio de la gente.