Seguridad de un país no puede ser excusa para violar derechos humanos de migrantes, advierten en el Senado

En el Senado de la Republica se realizó el foro “Retos y Perspectivas de la Migración con los Estados Unidos de Norteamérica”, donde se destacó que la defensa de la seguridad y el orden de un país no pueden ser excusa para violar los derechos humanos de los migrantes.

Por ello, la senadora con licencia Beatriz Silvia Robles Gutiérrez celebró que el Estado mexicano exija respeto a las garantías individuales frente a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pues “ninguna medida administrativa justifica la deshumanización de los migrantes”.

Añadió que regresar a los migrantes mexicanos de Estados Unidos a nuestro país tampoco define su valor ni borra sus años de esfuerzo ni disminuye su dignidad, pues se trata de personas que dejaron atrás, a veces con dolor, un hogar, un empleo y a sus seres queridos para comenzar un nuevo camino.

Ante ello, enfatizó que México reconoce, valora y necesita a los migrantes, quienes no regresan como extraños, sino como integrantes de una nación que está obligada a acompañarlos, escucharlos y abrirles las puertas para que reconstruyan su proyecto de vida con bienestar y certeza jurídica.

Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), coincidió en que la política migratoria de Estados Unidos no pude abordarse desde la perspectiva de la seguridad nacional, sino que esto requiere de corresponsabilidad y desarrollo regional.

México y la Unión Americana, precisó, deben trabajar en conjunto para atender las causas estructurales que obligan a millones de personas a abandonar sus comunidades, como son la pobreza, la violencia, la falta de empleo, la debilidad institucional y la ausencia de oportunidades educativas pues, de lo contrario, permanecerán los flujos migratorios.

En este punto, Gutiérrez Yáñez pidió al Senado de la República que impulse una legislación migratoria coherente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos, además de que esas medidas trasciendan los periodos de gobierno y las coyunturas electorales para que sean una verdadera política de Estado.

Juan Maldonado Vargas, víctima de violaciones a derechos humanos por parte del Estado chileno, dijo que “lamentablemente no se ha entendido al migrante como un ser humano”, lo que ha provocado que los mecanismos legales de protección sean “retórica, discurso jurídico y romanticismo de la ley”, por lo que se vuelve difícil implementarlos.

“El tema fundamental para todos es valorar que, antes de ser migrantes, ellos son seres humanos y requieren toda la protección del Estado mexicano y de las instituciones”, sostuvo, por lo que consideró que existen áreas de oportunidad, como fortalecer protección y asesoría en los consulados mexicanos en los Estados Unidos.  

Manuel Guzmán García, comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) para el estado de Oaxaca, refirió que en comunidades rurales la migración también deriva de conflictos por posesión de tierras y “rencillas añejas”, lo que, además, se agrava por la delincuencia organizada, la cual aprovecha los problemas agrarios para entrar en los pueblos.

“Se tiene que trabajar bastante para conciliar todo eso. En teoría no debe haber un conflicto agrario porque todas las comunidades tienen resoluciones presidenciales, pero aun así los hay. Y si a eso sumamos la criminalidad organizada que está explotando también al campesino, más grave se vuelve el problema”, lamentó.

En el foro “Retos y Perspectivas de la Migración con los Estados Unidos de Norteamérica”, también se proyectó el cortometraje “Behind the Walls”, del cineasta independiente Luis Fernando Palatto, el cual se basa en un caso real que denuncia las presiones de las autoridades estadounidenses para que los mismos migrantes mexicanos denuncien a sus connacionales a cambio de dinero.