Seguridad de maestras y maestros piden garantizar derecho educación

El reciente caso de violencia ocurrido en Michoacán no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones contra el magisterio en el país. Acciones como las ocurridas en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (2022), así como los ataques de padres de familia en Cuautitlán Izcalli (2023) y Naucalpan (2024), y de estudiantes en entidades como Tabasco, Guanajuato, Coahuila, Baja California (2023) y el CCH Sur en la Ciudad de México (2025), evidencian un patrón preocupante.

Estudios recientes coinciden en puntos críticos sobre la escalada ascendente de la violencia contra los docentes. De acuerdo con Gaona et al., cinco de cada 10 estudiantes han sido testigos de faltas de respeto hacia docentes; además, cerca del 35% confirmó haber presenciado algún tipo de conflicto por parte de los padres o madres de familias hacia las y los profesores (2023). Según la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024), cuatro de cada 10 docentes han vivido algún tipo de violencia al interior de sus planteles, de ellos el 90% ha recibido agresiones verbales como: insultos, burlas y humillaciones.

A lo anterior, se suma que más del 30% del magisterio considera su labor altamente estresante; también, cerca del 80% presenta niveles de agotamiento laboral y una de cada seis maestras enfrenta niveles de depresión severa (EMMI, 2025).

Esta situación ocurre en un contexto donde las políticas educativas han colocado correctamente– a niñas, niños y adolescentes en el centro, pero sin construir mecanismos claros de corresponsabilidad que favorezcan al profesorado.

El resultado es un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica dentro del aula sin consolidar, al mismo tiempo, procedimientos normativos específicos, ni herramientas institucionales para proteger a quienes enseñan.

“Dicho vacío institucional ha llevado a miles de maestros y maestras a enfrentar el dilema entre: intervenir ante conductas violentas que implican el riesgo de denuncia, sanciones administrativas o procesos legales, o la omisión forzada, no por falta de compromiso, sino por falta de respaldo” señaló Patricia Ganem, Coordinadora del Observatorio de la Educación de ECR.

Por su parte, Paulina Amozurrutia afirmó que el Gobierno Federal ha fallado en construir una política integral que articule corresponsabilidades entre Estado, familias y sociedad.

“No han querido reconocer que México vive una ola de violencia e inseguridad crecientes que se replica en las escuelas y está afectando a los más vulnerables”.

La Dra. Ganem agregó que “las maestras y los maestros de México cumplen, incluso en condiciones adversas. Lo hacen con compromiso, con vocación y, muchas veces, a costa de su propia seguridad y bienestar”.

Debido a esto, desde Educación con Rumbo, hacemos un llamado a implementar protocolos para prevenir y atender la violencia escolar que incorporen mecanismos específicos para el personal docente; establecer esquemas de corresponsabilidad entre familias, autoridades y comunidad escolar e incorporar formación especializada para la gestión de conflictos y habilidades socioemocionales. –