Sección Instructora de San Lázaro aprueba desafuero de Mauricio Toledo

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el dictamen para retirar el fuero constitucional y declarar la procedencia de la acción penal contra el legislador petista Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los diputados Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena, así como la priista Claudia Pastor votaron a favor del desafuero de Toledo, mientras la petista Mary Carmen Bernal lo hizo en contra.

La aprobación del dictamen por mayoría, con la intención de discutirlo y votarlo en Jurado de Procedencia el próximo viernes 16 en periodo extraordinario.

De acuerdo con el proyecto avalado este domingo en menos de una hora por la Sección Instructora, el diputado del PT consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos por alrededor de 9.4 millones de pesos, “situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso y que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones, lo que representa una discrepancia que excede los 11.4 millones en tal periodo”.

Detalla que el también ex jefe delegacional en Coyoacán tuvo a partir de 2009 ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo relevante que asegura haber obtenido de la Cámara de Diputados en 2010, aunque del expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a dos millones de pesos.

“En cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, radicado en la alcaldía Tlalpan de esta ciudad, entre la fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, misma que resulta del estudio de los peritajes contables que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los.

10.5 millones de pesos, toda vez que el avalúo ofrecido por la fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de 16 millones de pesos, contra los 5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa”, señala el documento.

Por ello, conforme al dictamen, “los medios de prueba contenidos en el expediente crean la convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaración de procedencia que ha efectuado la fiscalía local en su escrito inicial de fecha 25 de enero del año en curso”.

El dictamen, una vez aprobado, será remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en su oportunidad, lo discuta el pleno erigido en Jurado de Procedencia.