Se sienten orgullosos, le aplauden apoyan las violaciones a derechos constitucionales de vigilante Juan “N

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………..

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Maestra, Bertha María Alcalde Luján, debe de renunciar a su cargo, aunque los diputados de Morena y sus aliados la apoyen, se sientan orgullosos y le aplaudan las violaciones a los derechos constitucionales del vigilante Juan “N”, acusado de feminicidio.

La violación de derechos constitucionales de Juan "N" implica una vulneración de garantías individuales fundamentales, lo que faculta a la víctima para interponer un recurso de amparo contra el acto de autoridad.

Este mecanismo protege contra arbitrariedades, audiencias públicas no respetadas o detenciones ilegales, garantizando el acceso a la justicia.

"Ya basta de simulaciones", reclamo directo de los familiares, contra la falta de transparencia, la inoperancia de las autoridades y el fingimiento en procesos, y asegurando, “con dolo denuncian que el responsable de la muerte de Edith Guadalupe, fue Juan “N”,

No obstante que ésta comprobado que desde el momento en que los familiares solicitaron la intervención de la policía y dieron información concreta y eficaz del lugar donde se encontraba, las autoridades correspondientes violaron sus derechos constitucionales, no les hicieron caso.

Los diputados de Morena y sus aliados, tienen pleno conocimiento de las violaciones, por los procedimientos con que se realizaron en el feminicidio, empero, a sangre y fueg, defienden a la Fiscal Alcalde Luján, la protegen de sus anomalías y permiten que se “fabrique un delito” grave.

Cobijan a la funcionaria con el manto de la impunidad de Morena, y los diputados, para justificar las violaciones constitucionales a Juan “N”, recurrieron a episodios del pasado, y minimizaron el caso.

Quedó comprobado que a los diputados de Morena y aliados no les interesa el destino de los habitantes de la Ciudad de México, tampoco les gusta el debate político, cuando no tienen elementos se esconden en el pasado y recurren a los ataquez violentos.

La Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Mario Enrique Sánchez Flores exigieron desde el Congreso de la Ciudad de México justicia para Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, renuncia de la FGJCDMX, juicio público, cárcel para los servidores públicos responsables de omisiones o actos de corrupción y la creación del “Protocolo Edith” para garantizar atención inmediata en casos de mujeres desaparecidas.

Los legisladores advirtieron que el caso de Edith no sólo exhibe la brutalidad del feminicidio, sino también omisiones graves, dilaciones, presuntos actos de corrupción y una Fiscalía que no actuó a tiempo.

Daniela Álvarez sostuvo que lo más importante es que el juicio se desarrolle de manera pública, salvo que la familia determine otra cosa, para que este caso siente un precedente claro de que en la Ciudad de México no habrá impunidad ni para los agresores ni para las autoridades que fallen en su deber.

Asimismo, los diputados exigieron la destitución inmediata del titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, al considerar inadmisible que, teniendo entre sus atribuciones recibir denuncias, iniciar de inmediato carpetas, desplegar diligencias urgentes, coordinar la búsqueda, atender a familiares e implementar mecanismos de atención integral, el caso haya estado marcado por retrasos y omisiones.

También demandaron que se inicie de inmediato la carpeta de investigación correspondiente contra las personas servidoras públicas que hayan incumplido los protocolos, retrasado diligencias, obstaculizado la búsqueda o pedido dinero a la familia de Edith, porque esos hechos no sólo constituyen faltas administrativas: pueden constituir delitos y deben ser perseguidos penalmente.

Los legisladores señalaron que, si de las investigaciones se desprenden elementos suficientes, deberán judicializarse las carpetas y solicitarse las órdenes de aprehensión que correspondan, para que sean los jueces quienes determinen el grado de responsabilidad penal de cada funcionario involucrado.

“No basta con destituir a un funcionario. Si pidió dinero, si retrasó la búsqueda, si incumplió protocolos o si obstaculizó una investigación, cometió una conducta que debe investigarse penalmente. Y si hay elementos, debe responder ante un juez y enfrentar la cárcel”, advirtieron.

Además, el Punto de Acuerdo plantea perfeccionar el protocolo de atención inmediata en casos de desaparición de mujeres y denominarlo “Protocolo Edith”, para obligar a la autoridad a actuar desde el primer minuto, sin burocracia, sin corrupción y sin indiferencia.

Mario Sánchez denunció que, a pesar de la gravedad del caso, Morena votó para impedir que el Punto de Acuerdo se discutiera como urgente y obvia resolución, dejando claro que para la mayoría oficialista no es prioridad perfeccionar los protocolos de investigación y atención de los feminicidios.

“Morena decidió frenar la urgencia de un caso que exige justicia inmediata. Es gravísimo. Para ellos no fue urgente corregir las fallas institucionales que le costaron a Edith la respuesta que debió tener desde el primer momento”, afirmó.

Los legisladores señalaron que justicia para Edith significa castigo para el feminicida, juicio transparente, destitución de funcionarios omisos o corruptos, investigación penal contra quienes hayan cometido delitos desde el servicio público y garantías reales de no repetición para todas las mujeres de la Ciudad de México.