Se legisla por justicia para las y los niños violentados en la Ciudad de México

El DIF CDMX asumiría la representación legal de los menores en indefensión para acceder a los mecanismos de cuidado social, con objeto de proveerlos como víctimas directas, indirectas o potenciales de la comisión de algún delito, con la asesoría y representación jurídica, garantizando la máxima protección de sus derechos humanos, identidad y resguardo físico, frente a sus agresores.

Así lo plantea la iniciativa del diputado local Gonzalo Espina Miranda, que busca modificar el artículo 17 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

“Es necesario crear mecanismos de defensa para las niñas, niños y adolescentes de escasos recursos y sin el apoyo de algún representante familiar o legal, que les pueda permitir una tutela de la protección de derechos”.

La finalidad, explicó el panista, es mejorar la garantía de la procuración de justicia hacia estas víctimas de la comisión de algún ilícito y evitar la revictimización de un grupo que se ha dejado al margen de la ley.

Gonzalo Espina dijo que el PAN tiene por objeto, seguir garantizando la protección y garantía de los derechos humanos, sobre todo de la violación de las víctimas de delitos, más cuando las autoridades de la Ciudad de México se han olvidado de los menores.

“Se quedan en la total indefensión, ya que al no contar con la edad suficiente para su representatividad se les niega el acceso a los mecanismos de protección que garantiza la normatividad federal y local”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58 por ciento de las niñas y los niños en América Latina y el 61 por ciento en América del Norte, sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año.

La victimización o revictimización radica cuando la identidad de los menores no es protegida tanto por autoridades como por medios de comunicación, poniendo y dejando en indefensión a la víctima de la comisión de algún ilícito, que en este caso, son las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y abuso sexual.