Se exige seguridad para personas y colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos

Las personas y colectivos que realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas ejercen esta actividad en un contexto de constante omisión estatal y como una reivindicación indeclinable de su derecho a buscar, a la memoria, al acceso a la justicia y en exigencia del establecimiento de eficaces garantías de no repetición. En su diversidad tenaz, la lucha por encontrar a quienes no están, es fuente de dignidad, exigencia por los derechos humanos y construcción de políticas públicas que construyan paz

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), las personas, colectivos y organizaciones firmantes queremos enviar un mensaje a la sociedad en su conjunto y a las autoridades de todos los niveles sobre la urgencia de tomar medidas eficaces para la protección de las familias que buscan a un ser querido.

En los últimos meses hemos observado asesinatos a personas buscadoras, entre los cuales destacamos tres recientes:

El asesinato de Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de mayo. Javier era integrante de la Comisión Local de Búsqueda de Guanajuato y miembro, y venía participando activamente dentro de colectivos de familiares de esa entidad. Javier buscó y encontró a su hermana en una fosa clandestina, la maestra Lupita, pero además buscaba a otras personas desaparecidas en el estado. Fue ejecutado.

El asesinato de la buscadora Aranza Ramos el 15 de julio en la localidad de Ortiz, Sonora. Aranza formaba parte de varios colectivos de búsqueda en el estado, muy activa en el colectivo Guerreras Buscadoras. Buscaba a su esposo, desaparecido en diciembre de 2020. Fue secuestrada y ejecutada cerca de su domicilio.

El asesinato del buscador zacatecano, Nicanor Pérez, el 22 de julio de este año. Buscaba a su hijo, desaparecido desde el 2018. Nicanor fue extraído de su domicilio con violencia y estuvo desaparecido durante 5 días hasta que su cuerpo fue encontrado en una brecha de terracería al norte del estado.

Estos tres casos han sido públicos y consideramos que son muestra del horror y la fragilidad, en términos de seguridad, en los que se desarrollan las búsquedas de personas desaparecidas. Además sabemos, porque trabajamos entre colectivos y familias, que muchos de estos incidentes de seguridad no reciben suficiente atención pública ni son atendidos con la debida diligencia por las autoridades competentes.

Instamos enfáticamente al Estado a instrumentar medidas de protección para todas las familias en riesgo por su labor de buscadoras, en estricta consulta con ellas mismas. De la misma forma exigimos investigar a fondo y de manera completa todos los ataques desde el enfoque del análisis de contexto. Hacemos un llamado al Gobierno Federal a elaborar y adoptar una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas que garantice la no repetición de estos sucesos que hoy tienden de manera preocupante a constituirse en un patrón inaceptable para nuestro país.

Asimismo, instamos al Estado Mexicano a tomar acciones contundentes de manera urgente para atender la crisis de desapariciones en el país, incluyendo la implementación efectiva de la Ley General contra la Desaparición, la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), la investigación de los casos y la transformación de los servicios forenses ordinarios para garantizar su fiabilidad. Ante la dimensión de la crisis que vivimos hoy en materia de desaparición, consideramos impostergable la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).

La transformación de México debe estar enfocada en la construcción de paz y en la garantía de buscar, encontrar, restituir y permitir que las familias puedan reconstruir sus vidas con garantías de verdad, justicia, no repetición y memoria. Para ello, es fundamental garantizar su seguridad tanto en la búsqueda, en su comunidad, y en su vida diaria.

Desde la sociedad civil hacemos un llamado a generar condiciones adecuadas para un diálogo que permita construir una política pública integral que fortalezca el trabajo del Estado en favor de las víctimas y quienes les acompañan, que se atienda la agenda integral en materia de desaparición sin que esto implique un riesgo para quienes caminan en esta lucha, y para que todas y todos puedan encontrar a sus seres queridos en condiciones de seguridad y protección.