Se debe transparentar contratos del Infonavit presuntas irregularidades

LOBO NEGRO. ……………………………..

El coordinador del GPPRI presentó un Punto de Acuerdo para exigir transparencia total sobre las contrataciones millonarias del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado. Se presume otro ilícito de Morena.

El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió a la Cámara de Diputados, a través de un Punto de Acuerdo, exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a esclarecer y hacer pública, de manera transparente y completa, la información sobre las contrataciones millonarias del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Hidalgo, ante las denuncias sobre presuntas irregularidades, posibles conflictos de interés y vínculos políticos.

El legislador del PRI solicitó que el Instituto precise la ubicación de cada proyecto, el número de viviendas, las empresas constructoras asignadas, los montos de los contratos y los criterios de adjudicación empleados bajo su nuevo esquema de contratación.

Además, Moreira Valdez exigió identificar los predios destinados a dichos proyectos, sus propietarios actuales y anteriores, el costo de adquisición de los terrenos y los avalúos que sustentaron cada operación, así como dar a conocer las auditorías internas e investigaciones realizadas tras los señalamientos públicos

"No puede permitirse que un programa destinado a atender las necesidades habitacionales de las personas trabajadoras opere bajo cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, vínculos políticos u operaciones inmobiliarias opacas", anotó el exgobernador de Coahuila.

Advirtió que lo ocurrido en Hidalgo debe ser motivo de una revisión puntual a nivel nacional sobre los mecanismos de vigilancia del nuevo modelo de contratación del Infonavit.

Recordó que diversas investigaciones periodísticas han documentado adjudicaciones por miles de millones de pesos a empresas vinculadas con familias de trayectoria política y personas cercanas a funcionarios públicos.

"Los recursos destinados a garantizar el acceso a la vivienda deben servir a las personas trabajadoras, no convertirse en una oportunidad de negocios al amparo del poder público", concluyó.