Se debe garantizar defensa legal gratuita, digna y calidad para las personas más vulnerables.

Se debe de abrogar la actual Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, vigente desde 2014, y sustituirla por una nueva ley, con el objetivo de actualizar el marco normativo y garantizar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, la diputada Juana María Juárez López presentó dicha iniciativa que en el ejercicio de su labor y contacto permanente con la ciudadanía, es común encontrar casos de personas que enfrentan procesos legales sin contar con los recursos económicos necesarios para contratar a un abogado particular.

Estos incluyen situaciones como despidos injustificados, demandas por pensión alimenticia o violencia familiar, entre otros.

“La Defensoría Pública es un pilar esencial en la administración de justicia. Su función garantiza el acceso a la asesoría y representación legal gratuita para quienes más lo necesitan”, destacó Juárez López.

La propuesta legislativa se fundamenta en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, que reconoce el derecho de toda persona a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado. En este sentido, la iniciativa contempla medidas para profesionalizar la labor del personal defensor, incorporar mejores prácticas y fortalecer la colaboración interinstitucional.

“El objetivo es contar con una Defensoría que realmente sea un instrumento efectivo de acceso a la justicia, que brinde una defensa autónoma, oportuna, gratuita y de calidad”, puntualizó.

La diputada recordó que la ley vigente fue publicada el 28 de febrero de 2014 y, pese a reformas parciales, no responde plenamente a las nuevas necesidades sociales ni se encuentra armonizada con la Constitución de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero de 2017.

Por ello, enfatizó la urgencia de contar con una ley moderna, justa y eficiente, que garantice el derecho a una defensa pública de calidad para todos los sectores de la población.

“Continuemos construyendo una Ciudad de Derechos y libertades, en donde toda persona tenga acceso a una defensa adecuada, gratuita y de calidad, sin importar su condición económica”, concluyó.