Se debe fiscalizar la regeneración urbana y de vivienda incluyente

En seguimiento a las facilidades administrativas otorgadas al ramo inmobiliario por la Jefa de Gobierno, bajo el amparo de necesidad de la reactivación económica, la diputada Gabriela Salido exigió a las autoridades informen de forma precisa a cuántas empresas a las que van dirigidas estas facilidades han hecho uso de estos beneficios y si estás han cumplido con todos los requisitos que establece la ley.

Este informe, atiende a las modificaciones para el Programa Especial de Regeneración Urbana y de Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México, en el cual se presentaron cuatro acuerdos con la finalidad de acelerar el desarrollo económico, así como brindar facilidades administrativas en los procesos de construcción en la capital luego de la pandemia provocada por Covid-19.

“Aplicar facilidades administrativas no es una práctica aislada y además de resultar necesaria, es una práctica que se encuentra permitida e incentivada por la Constitución General, sin embargo, es necesario que dichas facilidades se realicen apegadas a la ley y bajo los criterios que se establecen”, afirmo Salido Magos.

Los acuerdos a los que hace referencia permiten la reconversión de oficinas a vivienda para su comercialización; la presentación de los estudios de los Impactos Urbanos y Ambiental a través de las ventanillas “Única y Digital”; la generación incentivos para el desarrollo de la vivienda incluyente en zonas y corredores que cuenten con equipamientos urbanos, medios de transporte público masivo, viabilidad hidráulica, entre otros; y facilidades administrativas al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que eficiente el trámite del aviso de realización de obras que no requieren Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial para Proyectos Inmobiliarios destinados a la Vivienda de Interés Social o Popular.

“Como poder legislativo de la Ciudad de México, advirtió la legisladora, este Congreso tiene la función primordial de emitir las leyes que rigen la vida pública, y otra de sus funciones es la de ser un contrapeso en el ejercicio de los asuntos públicos de esta Ciudad, por ello, es imperioso ejercer esta función de fiscalizar el correcto uso por parte de quienes apelan a estos beneficios y su correcta aplicación por parte de las autoridades responsables, esto con el fin de garantizar el orden y respeto a ley”, finalizó.