Se debe de impedir que agresores sexuales trabajen con los niños

Las personas que ejerzan profesiones, oficios y actividades que impliquen tener contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, deben de creditar no haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada por delitos sexuales.

La diputada Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa, y propuso una constancia de no agresores sexuales, para quienes tengan trato directo con la niñez de la Ciudad de México

Se trata de una Constancia de “No Registro como Persona Agresora Sexual”, para prevenir la violencia sexual y así garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en espacios seguros con la plena garantía de sus derechos.

“La constancia se emitirá de manera gratuita y personal, por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, garantizando que sus datos no sean divulgados”, apuntó Gómez Otegui.

Para ello, se reformará la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas de la Ciudad de México.

“Los casos de violencia sexual contra las infancias en centros escolares ocurren tanto en escuelas públicas como privadas, en hospitales, espacios deportivos y culturales, porque el personal no pasa ningún filtro para trabajar con menores” argumentó.

Recordó un par de casos de agresiones sexuales contra las infancias ocurridos recientemente, uno en marzo del presente año, “cuando un profesor de Educación física en la Escuela Secundaria Diurna número 273, cometió el delito de abuso sexual agravado, en la Alcaldía Gustavo A. Madero”.

 “Otro ejemplo tuvo lugar en mayo, cuando madres y padres de familia de la Escuela Secundaria No. 28, Dr. Manuel Barranco, en la alcaldía Cuauhtémoc, se manifestaron para exigir justicia por el caso de una estudiante que fue presuntamente abusada sexualmente por un bibliotecario de la escuela”.

La legisladora rememoró que en marzo de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una serie de reformas para crear el Registro Público de Agresores Sexuales, cuyo propósito “era servir como una herramienta de prevención contra la violencia de género”.

“Si bien, el Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la publicidad de este Registro en 2023, es un hecho que el Registro de Personas Agresoras Sexuales seguirá vigente para que pueda ser consultado de manera privada entre instituciones y autoridades que se encarguen de investigar sobre estos delitos”, aseveró.