Se debe de garantizar la atención médica de calidad a las reclusas.

Para garantizar el acceso integral a la salud de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso modificar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las reclusas cuenten con atención médica de calidad.

En el documento que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se señala que de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 154 personas, de las cuales 11 mil 724 son mujeres.

Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT menciona que desafortunadamente en 2020 los centros penitenciarios federales y estatales registraron 5 mil 890 quejas, el 31% de éstas relativas a la atención médica. “Sin embargo, esta cifra puede aumentar, pues en muchos de los centros penitenciarios no existen registros acerca de denuncias y/o quejas”.

Por ello, explica que su propuesta busca incorporar como derecho de las mujeres privadas de su libertad su acceso a la atención médica a través de la realización de jornadas de salud cada dos meses en los centros penitenciarios.

Además, propone incluir en la lista de suministros que se deben proveer en los centros penitenciarios que las reclusas cuenten con agua corriente salubre, aceptable, asequible, ininterrumpida, así como productos de gestión menstrual y artículos de aseo e higiene personal.

Asimismo, se plantea que la autoridad penitenciaria deberá capacitar de manera continua al personal médico, de seguridad y custodia de los establecimientos penitenciarios desde un enfoque de género y de derechos humanos.

“La situación de vulnerabilidad que viven día a día las mujeres privadas de su libertad va desde la no atención a múltiples enfermedades hasta no poder llevar con dignidad un correcto control de su menstruación por falta de artículos básicos para la higiene íntima personal”, menciona la legisladora Geovanna Bañuelos.

En este sentido, la líder petista detalla que también se busca que además de contar cuando menos con un médico responsable, un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo, se deberá contar con un psicólogo y con un médico ginecólogo mujer.

“La realidad demuestra que el derecho humano a la salud de las mujeres privadas de la libertad no está totalmente garantizado. No hay medicamentos suficientes para tratar enfermedades, y en la mayoría de los centros penitenciarios no hay productos de higiene personal y tampoco hay personal médico suficiente para atenderlas, lo que repercute en su salud física y en la atención de su salud mental”, menciona.

Geovanna Bañuelos sostiene que esta iniciativa es una invitación a la empatía para solidarizarnos con las mujeres mexicanas que han sido privadas de su libertad, quienes ven limitado su acceso a la salud.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos firmemente en los derechos humanos, siempre estaremos a favor de la protección, garantía y progresividad de derechos de todas las personas y, en especial, de las mujeres”, afirma.

Finalmente, asevera que combatir la falta de derechos en los sistemas penitenciarios en México es la clave para poder hablar de una verdadera reinserción social.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, para su análisis y posterior dictamen.