Se debe adoptar medidas seguridad bienestar para víctimas de feminicidio

El Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto que obliga al Estado a adoptar medidas para proteger la seguridad personal, familiar y comunitaria frente a la violencia feminicida, así como garantizar el bienestar físico, psicológico y emocional, la dignidad y la vida privada de las víctimas directas e indirectas.

Se trata de una reforma al artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que fue avalada por la asamblea con 101 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El dictamen señala que, pese a las acciones y políticas implementadas por el Estado mexicano para prevenir el feminicidio, este delito continúa siendo un grave problema que afecta a las mujeres.

Agrega que, de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2025, se registraron ocho mil 939 feminicidios en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades con las cifras más altas fueron el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.

La senadora Araceli Saucedo Reyes, de Morena, asentó que esta reforma atiende una realidad dolorosa, pues el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia machista en contra de mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes, pero también en contra de sus familias.

Enfatizó que con esta modificación se fortalece el marco jurídico de reparación integral del daño, de ahí que se incorpora a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de las Mujeres que el Estado garantice la seguridad personal, familiar y comunitaria de las víctimas directas e indirectas.

Por el PVEM, la senadora María del Rocío Corona Nakamura indicó que 90 por ciento de los feminicidas están prófugos de la justicia o no han sido sentenciados definitivamente, y por eso las víctimas de este delito y sus familias deben recibir protección ante las amenazas, especialmente, las niñas y los niños que quedan expuestos al abandono y al miedo.

El proyecto, remitido a la Cámara de Diputados, incorpora a la Ley la obligación de adoptar, como medidas u órdenes de protección, todas las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad personal, familiar y comunitaria de las víctimas, así como garantizar su bienestar físico, psicológico y emocional, su dignidad y su vida privada.