Se condena impunidad de pederastia, trata personas y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

Se expresa enérgico rechazo por la enorme deuda que mantienen el sistema de justicia y las autoridades responsables en la búsqueda de la verdad y reparación a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos pederastia, trata de personas y abuso sexual.

La evidencia más palpable de esta impunidad que abandona a las víctimas, la vemos ejemplificada en las decisiones judiciales y políticas que esta semana se han dado a conocer. A través de estas decisiones, se protege a los agresores mientras se vulneran los derechos tanto de la niñez como de las y los defensores de los derechos humanos de las infancias en nuestro país.

El caso de la periodista Lydia Cacho, víctima incluso de tortura en 2005 por denunciar una red de pederastia, trata de personas y lavado de dinero que incluye al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al empresario Kamel Nacif es uno de los más burdos ejemplos.

Asimismo, el aplazamiento del desafuero al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por un adolescente de 15 años de edad de abuso sexual en un hotel de la Ciudad de México, en lo que pareciera ser un patrón sistemático de conducta cometido contra otros niños, tal como se ha denunciado en medios de comunicación.

Manifestamos nuestra más enérgica condena, en el caso de la periodista Lydia Cacho, ante el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado del estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif para liberarlo de la responsabilidad por su participación en la red de trata que fue denunciada por Cacho en la publicación de su libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil.

De igual forma, rechazamos los diversos intentos que desde el Congreso se han hecho para dilatar la discusión del desafuero al diputado Saúl Huerta, públicamente acusado de violencia sexual contra un adolescente de 15 años. El caso de Huerta se ha querido vincular con otro desafuero, a pesar de que las causas de origen delictivo son absolutamente distintas, lo que debe obligar a las autoridades a asumir un compromiso más serio y claro hacia la defensa de las infancias de nuestro país, priorizando el interés superior de la niñez.

Lamentamos profundamente que en ambos casos la impunidad sea la norma que impere en perjuicio de niñas y niños víctimas, a quienes se les debe creer y garantizar acceso a la justicia como sujetos plenos de derecho.

Exhortamos al Estado mexicano y a sus autoridades a garantizar el principio del interés superior de la niñez acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes, a quienes les han sido violados sus derechos. También a dejar de proteger a los agresores o abusadores que han sido perpetradores de los delitos que han lesionado a la niñez y a eliminar los retardos en la reparación a las víctimas, cuyo primer paso es hacerle justicia con celeridad y sin impunidad. Llamamos también a la sociedad mexicana a alzar su voz de enérgico repudio social hacia pederastas y cómplices.