Se castigará a quien cometa fraude con programas sociales en la Ciudad México

El Congreso CDMX aprobó reformas al Código Penal capitalino para incluir una nueva agravante; la mayoría de las víctimas son de grupos de atención prioritaria 30.05.26.

Ante los fraudes relacionados con programas sociales, cuyas víctimas pertenecen en su mayoría a grupos de atención prioritaria, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobaron reformas a los artículos 233 y 233 Ter del Código Penal capitalino, para castigar a quienes hagan uso indebido de estos.

El dictamen incorpora en el Código Penal una agravante dentro del delito de fraude, al establecer sanciones para quién, por sí o por interpósita persona, simule otorgar programas de desarrollo de cualquier orden de gobierno, con el propósito de obtener un lucro indebido para sí o para terceros.

La iniciativa fue presentada, con antelación, por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, del Partido del Trabajo (PT), con la finalidad de establecer agravantes al delito de fraude, en particular contra quienes usen indebidamente programas sociales.

A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya alertó que cada vez más hay adultos mayores o integrantes de grupos vulnerables que son engañados por personas que simulan gestionar su inscripción para que sean beneficiarios, y de esta forma obtener ganancias económicas.

En tribuna, explicó que esta reforma legal busca proteger a las personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad frente a los fraudes y sancionar a aquellos que se aprovechan de su necesidad.

“Si una persona se hace pasar por funcionario o gestora, o utiliza a otra persona para hacerlo y promete apoyos gubernamentales a cambio de dinero o beneficios, podrá ser sancionada por el delito de fraude”, puntualizó la representante popular.

Asimismo, argumentó que esta reforma parte de una perspectiva de derechos humanos y contribuye a proteger el patrimonio y la confianza de las personas, especialmente de las y los adultos mayores, con discapacidad o adolescentes.

“Esto al evitar que las políticas sociales sean utilizadas como instrumentos de engaño o aprovechamiento indebido”, recalcó.