SANTO Y SEÑA

. Agustín de la Cruz Noriega. ……………………………….

IMPARCIALIDA. Pasada la turbulencia electoral que azotó al Estado de México, los escenarios que se hacen presentes permiten análisis que derivan en temas que van de la mano.

Uno de ellos, que no es cosa menor, es el de la imparcialidad demostrada por las autoridades que tienen como responsabilidad la impartición de la justicia.

La neutralidad, que debe interpretarse como símbolo de institucionalidad, demostrada por la Fiscalía General de Justicia está manifiesta.

Cierto que se trata de una acción a la que está obligada, pero no puede ignorarse que se hayan dejado de lado los protagonismos y las ansias de convertirse en caja de resonancia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no cayó, pero si calló, en las provocaciones que pudieran estar inmersas en verse dominada por los reflectores del mundo político que tuvo la atención de espectadores en todo el territorio mexicano.

En ese remolino de hechos imperó la ecuanimidad del Fiscal General, José Luís Cervantes Martínez, quien no se dejó llevar por el tradicional canto de las sirenas que invita a la jactancia.

Es común que un amplio sector de servidores públicos, aprovechen las oportunidades para hacer gala de fanfarronería, por fortuna no fue el caso.

Debe tenerse presente que en el mes de marzo, por unanimidad, la Legislatura mexiquense designó y tomó protesta al magistrado con licencia, como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por un periodo de nueve años.

Podría pensarse que se trató de un evento para cubrir un trámite, pero no. Hay mucho de fondo que no debe, ni puede, ignorarse. Porque en esa decisión se advierte que no hubo fuerza ni actor político alguno, que se opusiera al nombramiento.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Maurilio Hernández González, Cervantes Martínez resultó designado.

Por tanto, la decisión lo obliga a privilegiar una imparcialidad como la demostrada en el proceso electoral donde la ciudadanía eligió a quien gobernará la entidad por los siguientes seis años.

José Luis Cervantes, presentó y obtuvo una solicitud de licencia para separarse del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Es conocedor del derecho, de sus implicaciones y de la responsabilidad que implica pertenecer al sistema judicial. Vamos, no es ningún improvisado ni arribista.

Prueba de ello, es la colaboración que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha tenido con el Poder Ejecutivo Federal.

El Fiscal General está obligado a garantizar imparcialidad en el cargo para el que fue designado por nueve años.

Ya que al unificar criterios de todas las bancadas, partidos políticos y legisladores, aceptó el reto de no dejarse seducir por los reflectores que ofrece la relevancia del cargo.

El fiscal mexiquense es licenciado en Derecho y ha sido subprocurador Regional y fiscal Regional de Justicia de Tlalnepantla, así como subprocurador General de Justicia del Estado de México.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como agregado regional adjunto de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en San Antonio Texas, Washington, la Unión Europea, Suiza y Centroamérica, así como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la PGR.

Conforme lo establece la Constitución Política estatal, el Fiscal General es elegido por nueve años y debe presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades y comparecer ante el Congreso cuando se le cite a rendir cuentas e informar sobre su gestión.

Por lo pronto Cervantes Martínez ya tiene un punto más a su favor para cuando de rendir cuentas de trate, pero que los vientos de la vanidad no alteren la moderación y la sobriedad hasta ahora conseguidas.