Robustecer principio consentimiento frente al uso de datos personales

Con 98 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen que busca robustecer el principio de “consentimiento”, como una garantía sustantiva de las personas frente al tratamiento de sus datos personales por parte de empresas o gobiernos.

La propuesta plantea modificar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para que el uso de la información personal sólo se otorgue con el consentimiento acreditable, verificable y de forma libre, específica e informado de las y los ciudadanos.

Además, plantea que cuando se trate de consentimiento expreso, este sea inequívoco, es decir, que existen elementos que acrediten su otorgamiento. El documento reconoce que la protección de los datos personales es un derecho humano vinculado al amparo de la privacidad, con anclaje constitucional y desarrollo en los regímenes aplicables al sector público y privado.

También establece un límite jurídico al abuso, impide que la opacidad se disfrace de autorización y reafirma que ni el Estado ni los particulares pueden disponer de la esfera personal de la ciudadanía, sin una manifestación de voluntad auténtica, acreditable y jurídicamente verificable.

Incorpora una protección reforzada para personas menores de edad, o para quienes se encuentra en estado de interdicción o de incapacidad declarada, pues remite a las reglas de representación de la legislación civil aplicable.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que la información personal de las y los mexicanos no es mercancía disponible, ni insumo burocrático sin rostro, sino una proyección de su propia dignidad, por ello, la reforma fortalece el orden constitucional de derechos y coloca un dique normativo frente a la discrecionalidad en el tratamiento de los datos personales.

De Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz dijo que el proyecto fortalece el consentimiento de las y los ciudadanos para el tratamiento de datos personales, de tal forma que la ciudadanía comprenda qué información entregan, para qué se utilizará y en qué condiciones será tratada, lo que significa mayor protección y certeza jurídica.

María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, expresó que el dictamen lleva a cabo una actualización legal, pertinente y congruente con la necesidad de brindar mayores garantías en torno al uso de la información personal, pues es importante fortalecer la firmeza del consentimiento al compartir nuestra información con empresas o gobiernos.

Posteriormente, las y los senadores aprobaron con 99 votos a favor, reformar la Ley General de Población, para establecer de forma explícita la referencia a la Secretaría de Gobernación en todas las disposiciones de esta legislación, que le atribuyen funciones sustantivas.

El proyecto no modifica el espíritu ni el fondo de la ley, sino que obedece a un criterio de mejora legislativa, congruencia administrativa y coherencia normativa, precisa el dictamen.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, dijo que la reforma busca hacer una precisión legislativa para definir la terminología adecuada para referirse a la Secretaría de Gobernación, y por ende, de sus acciones de atención respecto de la reintegración de mexicanos repatriados.

Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, expresó que la reforma tiene un profundo significado humano para los mexicanos que radican en el exterior, ya que trata de mejorar la atención que el Estado mexicano brinda a quienes regresan a su país, pues se especifica que es la Secretaría de Gobernación la encargada de coordinar la atención a los mexicanos repatriados.

El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez comentó que se trata de una reforma que brinda técnica legislativa con un impacto relevante, ya que cuando una norma no define con claridad a la autoridad responsable se genera incertidumbre, se diluyen responsabilidades y se debilita la acción del Estado, y eso es justamente lo que este proyecto corrige.