Responsabilidad de discutir y aprobarla Ley de desplazamiento forzado

Integrantes del Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado hicieron un exhorto urgente al Senado de la República a discutir y aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y avanzar decididamente en la construcción de soluciones duraderas a esta problemática.

La crisis de violencia generalizada que se vive en México ha ocasionado un recrudecimiento de episodios de desplazamiento interno forzado masivo. Miles de familias de diversas regiones del país han tenido que huir de sus comunidades, abandonando su patrimonio y su hogar para poder sobrevivir. Además, durante el ciclo de desplazamiento enfrentan de manera sistemática violaciones a sus derechos humanos y victimización.

La falta de un marco normativo en la materia es una de las principales causas de estas graves vulneraciones. En este sentido, es indispensable generar soluciones legislativas que permitan garantizar los derechos de las personas desplazadas y a su vez, sirvan de base en la construcción de políticas públicas integrales de atención.

Durante la conferencia de prensa, Teodomira Rosales, integrante del Colectivo y directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) habló sobre la urgencia de que el Senado legislara en la materia:

“Este diálogo con el Senado es muy importante para nosotros porque es un elemento que da claridad de la gravedad de la situación a nivel nacional. Cómo saben es un tema de muy alto riesgo para las víctimas y acompañantes por lo que estamos buscando que los legisladores discutan la Ley de Desplazamiento Forzado y la aprueben, con lo cual esperamos que el desplazamiento se tipifique como delito

No podemos olvidar que las víctimas desde hace muchos años han sido vulneradas por el abandono del Estado. Después de muchos años es el momento de que el Senado atienda las necesidades de las víctimas de desplazamiento forzado.”

Después, Mateo Moreno Pineda, representante de la comunidad Puerto General Nicolás Bravo, del municipio de Leonardo Bravo en Guerrero, ofreció su testimonio para retratar la gravedad de esta crisis. Aquí un fragmento de sus palabras:

“Desde el 2013 hasta el 2018 sufrimos el acoso de los grupos criminales que venían sobre nuestras comunidades para apoderarse del Paso, de la vía de comunicación.

Desde que empezaron a surgir estos grupos nosotros no sabíamos de qué se trataba. Algunos pensaban que era por el asunto de los enervantes, pero nosotros vimos que era por las riquezas minerales de la región, oro y plata. Tuvimos que desplazarnos el 11 de noviembre de 2018 cuando llegaron unos tres mil hombres a despojarnos de nuestras casas.”

Jeremías Mateo Juan reiteró las peticiones del Colectivo a la Cámara Alta del Congreso:

“Estamos llamando a las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República a que discutan y aprueben en este periodo legislativo la Ley de Desplazamiento Forzado.

También señalamos que la ley debe definir claramente que las responsabilidades de las autoridades del Estado son; garantizar la debida atención, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición.

Queremos que el desplazamiento forzado se tipifique como delito. Es responsabilidad del Poder Legislativo legislar en beneficio de miles de familias que han tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas."

Por último, Julián Méndez Córdoba nombró a los colectivos y comunidades parte de esta articulación nacional. El Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado es una articulación de familias y personas en situación de desplazamiento en diferentes estados del país y de organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.

La articulación busca incidir en el proceso legislativo en torno a la problemática y visibilizar la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México.