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Reprobable que políticos profanos ejerzan el derecho ficticio para dañar espiritualidad de la Patria

8 mar 2023
3 min de lectura


. BLAS A. BUENDÍA. ……………………………………

Todos aquellos políticos profanos en las ciencias del derecho afirman sin saber que “todo el Derecho relacionado con el Estado se le debe de denominar como Derecho Político”.

Los versados en las lides del derecho contradicen lo expuesto refiriendo que no existe ese derecho, que el único derecho del que se debe de hablar en cuestiones de política es del Derecho Constitucional, ya que en éste derecho la política es limitada por el Derecho.

Lo anterior forma parte del posicionamiento político-jurídico de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., en relación en contra de quienes hacen creer que la carrera del Derecho es como cualquier “desecho”, sino por el contrario, el Derecho es el que le da sustento a la rectoría del Estado, porque sin Derecho, quedaría nulificado todo desarrollo democrático en beneficio de la Nación.

Precisa que esas confusiones de nuestros políticos gobernantes, algunas veces inconscientes y otras deliberadas, le chocan sobre manera a la Abogacía Independiente de la República.

Porque —explica— el Derecho, a diferencia de la política, se encuentra presente en la vida de nuestro México en cada tiempo y en cada lugar, formando parte de la espiritualidad de la Patria y ese Derecho Constitucional se encuentra muy lejano de las ocurrencias de aquél mal llamado “derecho político” o “derecho del político”. Pero cuando nuestros gobernantes hablan de “su” derecho político, algo se traen entre manos.

“Hay que reconocer —y ello así se efectúa— que algunas togas independientes y de ciertos ilustrados ‘Siervos de la Nación’, hacen múltiples esfuerzos para impedir que ese ‘derecho de la política’ envuelva lo conceptos magistrales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo el penalista Alberto Woolrich Ortiz.

Así —continuó— esas togas de defensa de nuestra Carta Suprema son llamadas por esos políticos gobernantes como togas de oposición o conservadoras, cuando en verdad deberían ser reconocidas por esa clase gobernante como togas de dignidad.

El filósofo mexicano Don José Vasconcelos Calderón, grande entre los grandes y a propósito de ello, en su legado dejó algo muy claro que debe prevalecer para las próximas generaciones: “No debe haber duda de que todo lo que se aparta de la gozosa y libre espiritualidad colinda con el error y se presta a la corrupción”.

“Nuestros viejos y recordados catedráticos universitarios, únicos e inigualables, manifestaban con dejo de orgullo que la letra y espíritu de nuestra Constitución de 1917 nos protegía por igual a los mexicanos con “garantías” y que esas garantías fueron consignadas para siempre y que a futuro no existiría ningún derecho que pudiera o tendiera a destruirlas”, resaltó el abogado Woolrich.

Si bien es reprobable que políticos profanos ejerzan el derecho ficticio para dañar la espiritualidad de la Patria, por tanto —puntualizó— “ese” derecho o “su” derecho político, jamás podrá vencer nuestra Carta Fundamental, y que, aunque los insignificantes pidan alguna ventaja para su mal llamado “derecho político”, México avizora peligros que se ciernen desde el extranjero, para lo cual, el tristemente célebre líder de la 4T, sigue siendo manipulado cuán títere por parte del Foro de Sao Paulo, grupo de resentidos vinculados con el narcotráfico, que por igual, buscan que América Latina pudiera socialmente incendiarse.

“¡Es cuanto!”, inscribió la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el prestigiado abogado Alberto Woolrich Ortiz.

Como colofón, se debe advertir que la prensa internacional, ha alertado continuamente que la América Latina entre el narco y la dominación, se encuentra ante una nueva encrucijada imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de droga ilícitas y otros delitos conexos, que conmueven a la región, con el incremento de la violencia, la inseguridad y los efectos para la gobernabilidad y el Estado de Derecho, que producen las guerras desatadas por el gobierno estadounidense, en su cruzada antidroga.

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