Repara Estado daños a sólo el 0.30% de víctimas promedio

Expertos en justicia penal coinciden en la urgencia de reducir la asimetría institucional entre las comisiones de víctimas, las fiscalías y las defensorías para lograr una mejor calidad de la justicia.

A 13 años de la reforma penal, la asimetría entre las capacidades de las fiscalías, las defensorías y las comisiones de atención a víctimas ha aumentado. Hoy las comisiones son la instancia más limitada y rezagada del sistema penal. Prueba de ello es su presupuesto: reciben 32 centavos por cada peso que reciben las defensorías y tres centavos por cada peso que reciben las fiscalías.

En el marco de la mesa de análisis “¿Cómo garantizar igualdad para las víctimas?”, organizada por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, expertos nacionales e internacionales alertaron sobre las profundas debilidades en las comisiones de víctimas y los cuerpos de asesoras y asesores victimales, y coincidieron en la urgencia de fortalecer a estas instituciones para lograr una mejor calidad en la justicia.

Sólo se reparó el daño al 0.30% de las víctimas representadas en el proceso penal. Esto, derivado de las fallas en el Registro Nacional de Víctimas y de la limitada operación del mecanismo para su otorgamiento. El Estado, como responsable subsidiario, tiene una deuda con el derecho a la reparación integral de las víctimas.

En 2020 se registraron 16,978 asuntos activos de representación y asesoría jurídica a nivel federal, los cuales fueron asignados a 102 asesoras y asesores jurídicos, por lo que cada uno de ellos atendió un promedio de 166 asuntos. Esta sobrecarga de trabajo, coincidieron los expertos, dificulta la capacidad del Estado para brindar atención adecuada a las víctimas y pone sobre la mesa la reflexión sobre la efectiva representación jurídica, una figura creada con la reforma al sistema de justicia penal en 2008 que tiene el objetivo de brindar asesoría y asistencia técnica a las víctimas, con el fin de equiparar dicho rol al del defensor público.

Durante 2020, sólo 597 víctimas fueron beneficiadas por proyectos de dictamen para la ayuda o reparación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al respecto, Chrístel Rosales, investigadora de México Evalúa, señaló que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no refleja la información de las víctimas de todo el país, lo que menoscaba el ejercicio de sus derechos, porque carecen del reconocimiento necesario para acceder a la asistencia jurídica y a las medidas de ayuda y asistencia.

De hecho, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que este registro no es una plataforma nacional, sistematizada, completa ni confiable.

A nivel estatal se han instalado 27 de las 32 comisiones y apenas 10 de ellas integran su información al Renavi, por lo que las víctimas de las entidades que no son registradas podrían estar quedando fuera de las medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño.

Las comisiones estatales cuentan con 1,256 asesores jurídicos, lo que representa una tasa de 1.3 asesoras o asesores por cada 100 mil habitantes. Cada uno representa en promedio a 152 víctimas; sin embargo, en estados como Sonora o Veracruz existe una mayor carga de trabajo, con 379 y 381 representados por asesor jurídico en los procesos penales.

A partir de una encuesta realizada en 2018, México Evalúa detectó que las víctimas no siempre son escuchadas por los ministerios públicos; que se les obstaculiza su reconocimiento; que los servicios de atención médica y psicológica no siempre se ofrecen; que no existen vías de acceso expeditas y diferenciadas para la reparación del daño, y que las medidas de protección y resguardo de las víctimas son deficientes.

Para reducir la asimetría institucional con respecto a las fiscalías y defensorías y lograr una mejor calidad de la justicia, México Evalúa hace un llamado a garantizar que las comisiones de atención a víctimas tengan: