Reorganizar la responsabilidad de los cuidados sugiere Verónica Montes.

ANA KAREN GARCIA HERNANDEZ. ………………………….

El área de cuidados es fundamental para la construcción de la paz, del tejido social, se asocia a la conformación y sostenimiento de un vínculo afectivo, y su cumplimiento nos compete a mujeres, hombres y a todas las poblaciones, sostuvo la especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Verónica Montes de Oca.

Es esencial porque también nos proporciona “una conciencia de nuestro ser como individuos pensantes, afectivos”, agregó al participar en la mesa redonda El Sistema Nacional de Cuidados en México. Análisis conceptual y metodológico sobre las estrategias y alcances que debería contener un Programa Nacional de Cuidados.

En el encuentro -a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional-, la especialista en Estudios de Población destacó que es necesario reorganizar esta responsabilidad, así como la noción de lo que implica la actividad no remunerada y, por ende, no reconocida que realizan, en particular, ellas.

Nos damos cuenta también de que el mercado de trabajo no las considera en sus tareas fundamentales de asistencia, pero tampoco en aquellas que tienen que ver con actividades cuyo objetivo es conseguir recursos económicos para el día a día, alertó.

A decir de la universitaria, el tópico tiene que ver con la interseccionalidad, es decir, la manera como se van cruzando y acumulando en las personas en formas de desigualdad.

Planteó la importancia de que demográficamente los sistemas de protección social, así como el de atenciones, tengan acompañamiento por cohorte (conjunto) en el curso de vida, pero que no vigile ni controle.

Patricia Claudia Brogna, profesora de la FCPyS, indicó que la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados debe tomarse como un conjunto articulado de políticas, servicios, acciones públicas y privadas

Precisó que la política en la materia no puede quedar amarrada a acciones privadas ni a la solidaridad, porque si no volverían a replicarse disposiciones del Estado y de gobierno, es decir, quitar responsabilidades que le corresponden a este, al mercado y a la familia en cuanto a quien gestiona los riesgos sociales.

Propuso que no sea una demanda para que las familias se hagan cargo de acciones que quedan por fuera de la atención de la vida cotidiana. Conceptualizar al sujeto tomando en cuenta las diferencias hacia el interior de los grupos y hacer una distinción entre la necesidad de cuidado y la de respaldo para la toma de decisiones, no son lo mismo.

En su oportunidad, el profesor de la FCPyS, César Luis Cárdenas Varela, recordó: De acuerdo con datos censales, en la Ciudad de México somos poco más de nueve millones de personas; existe un promedio de seis mil 630 establecimientos de cuidado para ese volumen de población, seis mil 398 (96 por ciento) de ellos están dirigidos a infantes y solo 232 (tres por ciento) a adultos mayores.

Para el experto, no podemos aspirar a diseñar una política donde se mezclen aspectos. Los indicadores deben tener la virtud de ser replicados adecuadamente, porque eso es lo que en el largo plazo nos permite determinar si se mantiene sólida la formulación de análisis cuantitativos.

Expuso que la esperanza de vida es mayor en las mujeres; sin embargo, envejecen en condiciones de abandono, sin seguridad social, por lo que para ellas esta etapa es una desventaja.

Otro indicador interesante son las redes de soporte parental por grupo de edad, el cual poco se aplica.  Consiste en segmentar a la población más longeva, 75 y más, por ejemplo, y relacionarla con el número de personas que al interior de los hogares o las unidades domésticas generan recursos.

Todos ello debe tomarse en cuenta para el diseño más efectivo de un programa y para medir su evolución en el mundo. En la construcción de un sistema de cuidados es recomendable considerar los efectos del envejecimiento, comprender quiénes cuidan, en qué condiciones lo hacen y cómo se estructuran los respaldos.

Ello, acotó, para estar en posibilidad de crear políticas públicas que contribuyan a construir modelos más justos y dignos, y eventualmente sociedades y comunidades más igualitarias.