Regular contrato digital brindar certeza jurídica a consumidores

Para dar mayor certeza a los contratos celebrados a través de plataformas digitales o medios tecnológicos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso reformar diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de Reglas Especiales para Contratos en Plataformas Digitales.

Al fundamentar la iniciativa, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del GPPT explicó que el objetivo es incorporar el concepto de “contrato digital” como el acuerdo de voluntades celebrado total o parcialmente mediante el uso de una aplicación, sitio web o cualquier infraestructura tecnológica permita la interacción entre las partes a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

“La creciente digitalización de la vida social y económica en México ha transformado la manera en que las personas celebran actos jurídicos, ya no es raro que se pacten arrendamientos temporales, contratos de préstamo de cosas, servicios profesionales, compraventas entre particulares o acuerdos de prestación de servicios a través de aplicaciones y portales web”, mencionó la legisladora.

A nombre propio y de las senadoras Liz Sánchez, Ana Karen Hernández, Yeidckol Polevnsky y el senador Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos resaltó que ante esta realidad es necesario establecer reglas especiales para la celebración de contratos digitales determinando que las condiciones generales impuestas por plataformas digitales no deberán contener cláusulas abusivas ni generar desequilibrios significativos entre las partes.

Por ello, su propuesta plantea fincar responsabilidad a las plataformas digitales por daños y perjuicios causados a los usuarios cuando, por falta de diligencia, error técnico o incumplimiento de las obligaciones afecte la validez, integridad o ejecución del contrato celebrado a través de ellas

Y se establece que los contratos celebrados mediante plataformas digitales deberán observar, en lo aplicable, las disposiciones en materia de protección de datos personales; y, en caso de controversia derivada de la ejecución de contratos celebrados en plataformas digitales, las partes podrán acudir a mecanismos alternativos de solución de controversias en línea, sin perjuicio de su derecho de acudir ante la autoridad judicial competente.

La líder parlamentaria destacó el aumento de usuarios de internet en México, que en 2023 alcanzó 97 millones de personas, lo anterior, dijo tiene una repercusión directa en la contratación a distancia, que se ha convertido en práctica cotidiana. “Hoy el comercio electrónico es una actividad económica de gran magnitud en el país”, destacó Geovanna Bañuelos.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y fuentes asociadas señalan que el valor del mercado online alcanzó alrededor de $658.3 mil millones de pesos para 2023, con crecimientos anuales superiores al 20% en algunos ejercicios.

Además, la AMVO reporta que México tiene más de 65 millones de compradores digitales, lo que demuestra que la contratación digital es una práctica masiva y estable.

“Estas magnitudes dan cuenta del volumen de relaciones contractuales que, directa o indirectamente, involucran plataformas”, detalló

Actualmente las prácticas habituales en plataformas exponen riesgos concretos, cláusulas adhesivas extensas e incomprensibles, lo que incrementa la probabilidad de cláusulas abusivas.

“En términos económicos, la incertidumbre jurídica desalienta la inversión, encarece el costo de transacción y perjudica sobre todo a usuarios y pequeñas y medianas empresas que dependen de plataformas para comercializar o contratar”, señaló la legisladora por Zacatecas

Por ello, Geovanna Bañuelos aseguró que al implementar reglas especiales para contratos celebrados en plataformas digitales es una reforma necesaria y prioritaria para garantizar seguridad jurídica, equidad y protección del consumidor.

“La propuesta debe buscar complementar, no duplicar, las disposiciones actuales, acompañada de medidas prácticas, plazos de adecuación, capacitación y coordinación institucional”, concluyó la legisladora.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Economía; de Derechos Digitales; y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.

Puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace: https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/154845