Regular celulares en escuelas implica múltiples factores, dicen especialistas

En México y Latinoamérica existe gran interés y avances hacia la definición de políticas públicas para regular el uso de teléfonos en las aulas; sin embargo, la idea central debe ser cómo abonar a la definición de programas que impulsen una ciudadanía digital.

Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, indicó que en el informe “Celular en las escuelas, un tema en la agenda pública de América Latina”, publicado por la Unesco en junio de este año, se identifican tres tendencias sobre la utilización de estos dispositivos: regulación, restricción condicionada y prohibición.

En la conferencia a distancia “Yo celular, el teléfono en la escuela”, organizada por el IISUE, añadió que a marzo de 2026 solo cuatro países latinoamericanos contaban con leyes sobre regulación en planteles: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. El caso de la primera nación llama la atención porque incluye otros ejes, por ejemplo reglamentación en redes sociales y la importancia de la responsabilidad parental.

De la Cruz Flores apuntó que en México 19 estados tienen alguna ordenación, entre ellos Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sin que exista una ley federal unificada. Recientemente la Secretaría de Educación Pública realizó consultas a docentes de las distintas entidades para avanzar hacia un marco regulatorio.

El teléfono celular se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 81 por ciento de la población mexicana mayor de 6 años lo ocupa a diario. Los usos que los estudiantes le dan y su compatibilidad con los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se mantienen en el centro del debate, enfatizó la universitaria.

Responsabilidad compartida. A decir de la investigadora del IISUE, Janneth Trejo Quintana, hay dos razones para limitar su empleo en el ámbito escolar: aspectos pedagógicos y cognitivos, es decir, es un distractor dentro del salón de clases generando efectos negativos en el aprendizaje.

La segunda es que el acceso a redes sociodigitales está estrechamente vinculado con la salud mental. Diversas investigaciones académicas sugieren correlación entre estas plataformas y el desarrollo de diferentes condiciones psicológicas y emocionales, especificó.

La ocupación del dispositivo por parte de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre padres de familia y docentes. El hecho de tenerlos disponibles en clases es una fuente de distracción permanente. Estudios señalan que cualquier interrupción de este tipo toma 20 minutos para volver a recuperar la concentración.

Durante la conferencia -realizada en ocasión del Ciclo de Conversaciones Ctrl+ESCuela. Navegar con la tecnología sin naufragar en la escuela, el cual forma parte de la exposición colectiva Postescuelas. Futuros en disputa, organizada por el IISUE en el Museo UNAM Hoy- Trejo Quintana se pronunció en contra de su prohibición, pero considera importante normar con ciertos lineamientos y objetivos, lo cual se debe establecer como política pública.

Los niveles educativos importan. De acuerdo con el también investigador del IISUE, Sebastián Plá Pérez, estos objetos alteran las dinámicas de socialización (en el recreo) y modifican las relaciones pedagógicas tradicionales, introduciendo un carácter disruptivo debido a la “ubicuidad” (la posibilidad de estar físicamente en clase, pero virtualmente chateando o en redes).

No obstante, subrayó, el ordenamiento debe considerar los niveles educativos, ya que no es lo mismo su ocupación en secundaria que en licenciatura o posgrado. Como padres de familia, docentes o autoridades escolares debemos pensar en la manera en que los adultos disponemos de ellos, qué lugar ocupa este aparato en la relación con nuestras hijas e hijos, al igual que con los estudiantes.

Suele pensarse que la primera estrategia para combatir la práctica excesiva es abordar la adicción de los padres. Sin embargo, antes de establecer reglas debemos reflexionar sobre cómo, dentro y fuera de la institución educativa, condicionan, estimulan e influyen en la manera en que los menores adoptan y utilizan estas herramientas tecnológicas, concluyó Plá Pérez.