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Reglas transparentes para erradicar corrupción en los centros de acopio

17 may
3 min de lectura

Para garantizar certeza a agricultores de granos básicos, combatir la corrupción y reducir las asimetrías en la comercialización de sus productos la senadora Geovanna Bañuelos propuso regular la operación de centros de acopio de granos básicos, a fin de establecer reglas claras, transparentes y verificables.

En su recorrido por los municipios de Trancoso, Loreto, Noria de Ángeles, Calera, Guadalupe, Concepción del Oro, Villa de Cos, Morelos, Nieves y Fresnillo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que su iniciativa busca reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de protocolos para la operación de centros de acopio de granos básicos.

“El objetivo es establecer obligaciones de transparencia para los centros de acopio, así como un procedimiento mínimo obligatorio de recepción de granos básicos”, sostuvo la senadora zacatecana.

Además, se reconocen derechos de las personas productoras y se crea un Fondo de Garantía de Pago al Productor para cubrir los pagos derivados de la entrega de granos básicos a centros de acopio cuando éstos incumplan el plazo legal.

“La presente reforma busca robustecer la labor que realiza el Estado mexicano en favor del campo, particularmente en la reducción de asimetrías de mercado que afectan la comercialización de productos agropecuarios de pequeños productores rurales, como ha ocurrido en mi estado, Zacatecas. Además, establece parámetros mínimos para que las operaciones de acopio se desarrollen con justicia, información clara y responsabilidad”, explicó Geovanna Bañuelos.

El documento inscrito en la Gaceta de la Comisión Permanente incorpora la definición de centro de acopio como el espacio físico en el que se reciben granos básicos entregados por personas productoras para su verificación, análisis de calidad, pesaje, clasificación, almacenamiento y pago, mediante la implementación de esquemas de precios justos garantizados.

“Ante la reciente crisis y diversas manifestaciones de productores de frijol en Zacatecas, establecemos en la ley que los centros de acopio no son simples puntos de almacenamiento, sino instrumentos de política pública para ordenar la comercialización y generar mejores condiciones de ingreso para el sector rural”, aseveró Geovanna Bañuelos.

La reforma obliga a quienes administran los centros de acopio a exhibir de manera pública y permanente información mínima sobre criterios de recepción, criterios de calidad, clasificación, humedad, merma, volumen, peso, método de pesaje y precio vigente, así como el calendario de recepción y pago.

Asimismo, instituye un procedimiento mínimo obligatorio de recepción de granos básico para evitar que la persona productora quede en una situación de vulnerabilidad frente al centro de acopio y facilitar con ello la solución de controversias, retrasos o incumplimientos.

“Un punto importante de esta iniciativa es establecer que el pago a las personas productoras deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción del grano básico en el centro de acopio”, destacó la legisladora por Zacatecas.

Además, se plantea que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación habilite mecanismos accesibles, gratuitos y oportunos para la presentación, atención y seguimiento de quejas y denuncias relacionadas con el funcionamiento de los centros de acopio.

Finalmente, la propuesta contempla visitas de supervisión y verificación por parte de la Secretaría, así como la promoción de mecanismos de contraloría social cuando los centros de acopio operen con recursos públicos federales, programas de apoyo o mecanismos de garantía de pago.

“Esta iniciativa se inscribe en una visión de justicia social para el campo. Su finalidad es garantizar que la comercialización de granos básicos no dependa únicamente de fuerzas de mercado que castigan injustamente a quienes menos capacidad tienen para defender el valor de su trabajo. El Estado debe proteger al productor, corregir abusos del mercado y garantizar precios justos, pagos oportunos e información clara”, concluyó la senadora Geovanna Bañuelos.

 
 
 

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