Reformas proteger a compradores en ventas judiciales de inmuebles

Con el objetivo de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda a través de procesos judiciales, la diputada de Morena, Ana Buendía, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al artículo 2325 del Código Civil local.

En su exposición en tribuna, Buendía García alertó sobre el incremento de fraudes inmobiliarios en México. “Tan solo en el último año, se registraron más de 3,800 intentos de fraude en la compra y renta de inmuebles, lo que representa un incremento del 58.33% respecto al año anterior. La Ciudad de México es una de las entidades más afectadas, particularmente colonias como Del Valle Centro y Roma Norte.”

Ante este panorama, la diputada propuso que todas las ventas judiciales de inmuebles se realicen exclusivamente mediante billetes de depósito administrados por la autoridad judicial competente, con el fin de eliminar el uso de efectivo y garantizar la seguridad de las transacciones.

La legisladora capitalina subrayó los numerosos riesgos que enfrentan las personas que participan en ventas judiciales de bienes inmuebles. “Adquirir un hogar no solo representa un espacio físico, sino también un refugio emocional y una expresión de estabilidad para las familias. Sin embargo, cuando este sueño se entrelaza con procesos judiciales, puede transformarse en un camino lleno de incertidumbre y riesgo”, expresó.

Buendía señaló que entre los principales problemas de las ventas judiciales se encuentran la falta de transparencia, la posibilidad de fraudes, la exigencia de pagos en efectivo y la dificultad para obtener la posesión del inmueble. Enfatizó que estos obstáculos no solo afectan a los compradores, sino que también limitan la efectividad del sistema judicial y financiero del país.

La legisladora denunció prácticas fraudulentas por parte de empresas que se aprovechan de la buena fe de las personas interesadas en adquirir una vivienda. “Muchas familias, con la esperanza de asegurar un patrimonio, son engañadas por empresas con fachadas legítimas que desaparecen tras recibir adelantos económicos”, lamentó.

“Esta reforma ofrece certeza jurídica, protege el patrimonio de las y los compradores y fortalece la confianza en nuestras instituciones judiciales. Es una propuesta sencilla, pero con un impacto profundo en la vida de miles de familias”, afirmó.

Ana Buendía llamó al resto de las y los legisladores a respaldar esta iniciativa como un acto de justicia social. “No podemos permitir que más personas pierdan su patrimonio por falta de regulación. Es momento de tomar decisiones valientes y garantizar que el acceso a una vivienda digna sea un proceso justo, seguro y transparente.”

A la propuesta,  que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y discusión, se suscribieron, las diputadas Judith, Vanegas, y Rosario Morales y los diputados Pedro Haces, Alberto Vanegas y Emilio Guijosa.